En medio de la lucha por garantizar el derecho a la salud, el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que no habrá tolerancia para las farmacéuticas que incumplan con la entrega de medicamentos. La mandataria incluso abrió la puerta a denuncias penales, una medida que marca un giro decisivo en la relación entre el Estado y los proveedores del sector salud.
Denuncias penales contra farmacéuticas
Durante “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum enfatizó que su administración está dispuesta a proceder legalmente contra quienes obstaculicen el suministro de medicamentos, en especial en áreas sensibles como los tratamientos oncológicos.
“Si se confirma la existencia de prácticas ilegales o de un cártel de las medicinas, las denuncias trascenderán a lo penal”, afirmó.
Red de irregularidades en tratamientos oncológicos
La Cofepris ya realiza investigaciones sobre empresas que participan en el suministro de medicamentos especializados. Según los primeros hallazgos, existe una red de irregularidades en los pedidos de fármacos oncológicos, lo que ha puesto en duda la transparencia en los procesos de compra.
El legado del Seguro Popular y la nueva estrategia
La presidenta recordó que, en administraciones pasadas, pocas compañías concentraban los contratos del entonces Seguro Popular, imponiendo precios elevados y limitando la competencia. “Hoy buscamos negociar directamente con las farmacéuticas para asegurar mejores condiciones”, subrayó.
Cifras del abasto de medicamentos
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que de mayo a septiembre se recibieron más de 468 millones de unidades de medicamentos e insumos médicos en instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Sin embargo, 13 compañías no han cumplido con los acuerdos, generando un déficit del 3% en ISSSTE e IMSS y 8% en IMSS Bienestar.
El desafío del gobierno
Sheinbaum reconoció que el endurecimiento de la política de compras ha generado molestia en algunas empresas, mismas que, según dijo, financian campañas de desprestigio contra la administración. “Es normal que haya enojo, pero lo que está en juego es el derecho a la salud de millones de mexicanos”, concluyó.
