La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó este viernes los resolutivos de impacto ambiental en contra de dos desarrollos inmobiliarios en Tulum: los condominios Maiim y Adamar. Ambos proyectos, sin embargo, ya estaban en construcción antes de contar con autorización, lo que derivó en sanciones y procesos judiciales.
El Condominio Maiim, promovido por la empresa Promotora de Incentivos México S.A. de C.V., se levantó en el predio Tankah IV sobre una superficie de 3,144 metros cuadrados. El complejo incluye 38 departamentos distribuidos en tres edificios, además de alberca, restaurante, gimnasio y áreas comunes. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, la obra ya había sido construida y sancionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que obligó al promovente a someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental posterior a la edificación.
En el caso del Condominio Adamar, desarrollado por Desarrollos Tulum Dieciséis S.A.P.I. de C.V., la situación es aún más crítica. Este complejo, ubicado también en TankahIV y con una superficie de 750 metros cuadrados, contempla un edificio de siete niveles con 16 departamentos, áreas comunes y amenidades de lujo. La Profepa determinó en 2024 que la construcción había dañado 731 metros cuadrados de duna costera, hábitat de tortugas marinas y aves protegidas, e impuso medidas correctivas.
El 20 de agosto pasado, el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo resolvió ordenar la demolición del desarrollo Adamar, al concluir que transgredió diversas normas ambientales. La demanda fue promovida por un particular con el respaldo de la organización civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). Según la sentencia, Profepa debe ejecutar la demolición en un plazo de 35 días hábiles y supervisar la restauración del ecosistema afectado.
La abogada Mónica Huerta, representante jurídica de DMAS, explicó que la resolución judicial sienta un precedente nacional en la defensa del derecho constitucional a un medio ambiente sano. “Se incorpora el principio de precaución ambiental, que obliga a actuar cuando hay riesgo de daños graves e irreversibles”, subrayó.
La sentencia también obliga a Profepa a aplicar sanciones económicas y dar seguimiento a la querella penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República. El fallo, dijo Huerta, abre la puerta para que cualquier ciudadano pueda exigir mediante amparo la protección de su derecho ambiental.
Con los resolutivos de Semarnat, tanto Maiim como Adamar carecen de autorización federal para operar. Mientras el primero deberá resolver su situación administrativa, el segundo enfrenta la demolición ordenada judicialmente. Ambos son evidencia el descontrol en la construcción de proyectos turísticos e inmobiliarios en Tulum, donde los ecosistemas costeros siguen bajo fuerte presión urbanística.
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