En un movimiento que ha generado controversia, la Secretaría de la Función Pública (ahora conocida como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, SANCOBUGO) rechazó recientemente una solicitud de información sobre procedimientos administrativos contra altos funcionarios del sexenio anterior. Argumentó que dicha transparencia podría dañar el prestigio y la integridad de los servidores públicos investigados.
El cambio de nombre de la secretaría, acompañado de un discurso oficial sobre el “Buen Gobierno”, promete una nueva era de rendición de cuentas. Sin embargo, las acciones recientes ponen en duda si realmente se trata de mayor transparencia o de un blindaje institucional para quienes ostentan el poder.
Transparencia bajo nuevas reglas: ¿protección o retroceso?
El caso más reciente involucra una solicitud de acceso a información sobre denuncias contra figuras clave del sexenio pasado, incluidos titulares de Defensa, Marina, Gobernación y entidades como PEMEX e IMSS. La negativa se sustentó en la aplicación de la “presunción de inocencia”, un principio que, según SANCOBUGO, protege a los servidores públicos de posibles daños a su reputación, honor y futuro profesional.
Esta interpretación genera preguntas:
- ¿Dónde queda el derecho a la información pública? La transparencia debe equilibrar la protección de derechos individuales con la rendición de cuentas.
- ¿Por qué proteger solo a los servidores públicos? Mientras los ciudadanos enfrentan medidas como la prisión preventiva oficiosa, los funcionarios parecen estar blindados contra cualquier escrutinio público.
Buen gobierno o buen blindaje: El discurso oficial
En un video difundido por la nueva subsecretaría, Alejandro Encinas (sí, otro Alejandro Encinas), defendió la medida como parte de un esfuerzo para “labrar el camino del Buen Gobierno”. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que esta administración será «estricta en la transparencia».
Sin embargo, la contradicción es evidente: mientras se promueve un discurso de apertura y lucha contra la corrupción, las acciones parecen enfocarse más en proteger a los poderosos que en garantizar la rendición de cuentas.
La presunción de inocencia: ¿Un privilegio exclusivo?
El dictamen de SANCOBUGO plantea preocupaciones adicionales. Señala que divulgar información sobre investigaciones podría habilitar “acciones en contra” de los servidores públicos. Esta argumentación es particularmente irónica si se considera que, durante el sexenio anterior, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su tribuna para descalificar y atacar a críticos y opositores, sin reparo en los daños a su reputación o integridad.
La pregunta queda en el aire: ¿Por qué la presunción de inocencia parece aplicarse selectivamente?
¿Qué implica este cambio para la democracia mexicana?
El acceso a la información es un pilar fundamental de cualquier democracia. Las medidas adoptadas por SANCOBUGO no solo limitan este derecho, sino que también envían un mensaje preocupante sobre el papel del Estado en la rendición de cuentas.
- La erosión del INAI: Con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el control de la transparencia recae ahora en una entidad que responde directamente al Ejecutivo.
- El precedente peligroso: La justificación utilizada para negar información podría replicarse en otros ámbitos, debilitando aún más la fiscalización ciudadana.
Hacia una verdadera transparencia: El reto de SANCOBUGO
Para que el “Buen Gobierno” sea algo más que un eslogan, la Secretaría deberá demostrar que no se trata solo de proteger a los poderosos. Entre las medidas necesarias están:
- Establecer mecanismos independientes de rendición de cuentas.
- Garantizar que la “presunción de inocencia” no obstaculice el acceso a información pública.
- Promover auditorías ciudadanas que den seguimiento a los recursos y acciones del gobierno.
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