El 7 de noviembre de 2024, un día histórico para los derechos reproductivos en México, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la reforma que despenaliza el aborto en la entidad. Con 20 votos a favor y 4 en contra, esta reforma permite que las personas gestantes puedan interrumpir su embarazo de manera legal durante las primeras 12 semanas de gestación. San Luis Potosí se convierte así en el estado número 16 de México en legalizar el aborto, un paso fundamental en la lucha por la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas.
El contexto detrás de la aprobación en San Luis Potosí
La reforma fue impulsada por una serie de organizaciones civiles que luchan por los derechos reproductivos y que lograron sensibilizar a los legisladores sobre la importancia de garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su embarazo. Además, esta resolución responde a una sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí, la cual instaba al Congreso local a modificar el Código Penal estatal para garantizar el acceso a este derecho.
A pesar de que la legalización del aborto es un tema que ha estado en el centro del debate social, el avance en San Luis Potosí refleja una tendencia creciente hacia el reconocimiento de los derechos reproductivos en México. Con esta nueva legislación, las mujeres en el estado tendrán acceso a la interrupción del embarazo sin miedo a ser criminalizadas.
Modificaciones al Código Penal de San Luis Potosí
Con la nueva ley, se modifican los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal de San Luis Potosí, eliminando las penalizaciones por la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Esto significa que las personas gestantes ya no serán sometidas a sanciones legales por decidir interrumpir su embarazo en este periodo.
Este avance es parte de un proceso de despenalización que ha ido avanzando en todo el país, con 15 estados ya habiendo legalizado el aborto. La aprobación de la reforma en San Luis Potosí pone al estado en sintonía con la creciente tendencia de los derechos reproductivos en México.
Los desafíos para el acceso a servicios seguros de aborto
Aunque la reforma es un paso importante, los retos no terminan aquí. El acceso al aborto seguro y gratuito sigue siendo desigual en muchas regiones del país. En algunos estados, aunque el aborto sea legal, la falta de infraestructura médica adecuada y la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud generan barreras significativas para las mujeres que buscan este servicio.
Además, el estigma social que aún persiste sobre la interrupción voluntaria del embarazo dificulta que muchas personas accedan a los servicios disponibles. En San Luis Potosí, como en otras partes del país, la implementación efectiva de la ley dependerá de la capacitación del personal médico y la creación de condiciones que permitan que todas las personas gestantes puedan ejercer este derecho de manera segura.
La SCJN ordena a Chiapas a despenalizar el aborto
Mientras San Luis Potosí da un paso hacia la legalización, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha tomado decisiones importantes en favor de los derechos reproductivos. En su más reciente fallo, la SCJN ordenó a Chiapas despenalizar el aborto, invalidando un artículo del Código Penal estatal que limitaba la interrupción del embarazo solo a casos específicos, como violación o peligro para la salud de la persona gestante.
Este fallo refuerza la idea de que la despenalización del aborto debe ser una realidad en todo el país, sin restricciones adicionales que pongan en riesgo la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Con esta decisión, Chiapas también está obligado a cumplir con la sentencia que reconoce el derecho al aborto en las primeras 12 semanas de gestación.
El futuro de los derechos reproductivos en México
A medida que más estados en México avanzan hacia la despenalización del aborto, se espera que la tendencia continúe. Sin embargo, la batalla por los derechos reproductivos no termina con la legalización. Es fundamental que las autoridades federales y locales trabajen en conjunto para garantizar que las mujeres puedan acceder a servicios de salud reproductiva seguros, gratuitos y sin discriminación.
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