El reloj corre, pero la justicia aún no tiene día
Desde hace meses, los juicios fiscales que involucran a las empresas de Ricardo Salinas Pliego se perfilan como uno de los temas más relevantes —y delicados— dentro del Poder Judicial. La expectativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por Norma Piña, dicte resoluciones que obliguen al empresario a pagar sumas millonarias ha sido alta. Sin embargo, los expedientes continúan sin fecha de votación, ni en las salas ni en el pleno del máximo tribunal.
Este limbo jurídico abre la puerta a un escenario potencial: que los asuntos se hereden al nuevo tribunal que comenzará funciones a partir del 1 de septiembre, cuando se renovará la integración de la Corte y posiblemente también su liderazgo institucional.
Un expediente millonario en espera
Los casos que enfrenta el empresario —dueño de Grupo Salinas, TV Azteca y otras compañías— involucran adeudos fiscales de miles de millones de pesos. Aunque diversas instancias administrativas ya han perfilado fallos en su contra, la última palabra la tiene la Suprema Corte.
De acuerdo con fuentes judiciales, los proyectos de resolución ya están avanzados. El criterio general favorece la postura del SAT, pero lo que sigue pendiente es la decisión formal del pleno o de las salas. Y sin fecha de votación definida, no hay justicia efectiva.
Norma Piña ante el reto institucional de resolver o postergar
La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha mantenido una política de independencia respecto a temas políticamente sensibles. No obstante, el caso Salinas Pliego representa una prueba crucial: ¿resolver antes del cambio de tribunal o dejar la carga al nuevo pleno?
De no definirse las fechas antes de septiembre, los nuevos ministros heredarían un expediente de alta presión política, económica y mediática, lo que podría complicar aún más la resolución técnica del caso.
¿Por qué estos juicios importan tanto?
Más allá de la figura de Salinas Pliego, el fondo del litigio es ejemplarizante: se trata de demostrar que los grandes contribuyentes no están por encima de la ley, y que los mecanismos judiciales pueden responder con eficacia ante casos de evasión o elusión fiscal a gran escala.
La resolución de estos casos enviaría un mensaje de justicia fiscal y de fortalecimiento institucional ante una ciudadanía cada vez más vigilante del actuar de los poderes.
Septiembre: fecha límite simbólica para la Corte
El 1 de septiembre marca el inicio del nuevo ciclo en la SCJN. Con este cambio podrían entrar nuevos ministros y definirse eventuales reacomodos. Si los expedientes de Salinas Pliego no se votan antes de esa fecha, su destino se redefiniría en otro contexto político y jurídico, lo que podría alterar el curso esperado.
Este margen estrecho pone presión sobre los actuales ministros para que no evadan la responsabilidad histórica que representa resolver este caso antes de su cierre de ciclo.
Entre la justicia fiscal y la indecisión institucional
Mientras los ciudadanos cumplen sus obligaciones fiscales año con año, uno de los empresarios más poderosos del país espera en la antesala de la justicia mexicana, sin fecha definida, sin resolución firme y con la posibilidad de que todo quede para después. La credibilidad del sistema judicial está en juego.
La Suprema Corte tiene en sus manos la oportunidad de marcar un precedente o de alargar la incertidumbre. Y cada día que pasa sin decisión mina la confianza pública en que todos, sin importar su poder, responden ante la ley por igual.
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