Un juzgado federal en Cancún validó este martes el decreto emitido por el Congreso de Quintana Roo en 2023 para revocar la concesión del servicio de agua potable a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., conocida comercialmente como Aguakán.
Con esta decisión, el gobierno estatal da un paso firme en su intención de recuperar el control del abastecimiento de agua en cuatro municipios, incluidos Cancún y la Riviera Maya, los principales polos turísticos del país.
El fallo fue emitido por el Juzgado Octavo de Distrito, que resolvió no conceder el amparo promovido por la empresa y declaró legal lo aprobado por los diputados locales, quienes justificaron la revocación con base en múltiples incumplimientos contractuales por parte de Aguakán durante el tiempo que ha operado en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Entre las principales faltas se señalaron fallas en la modernización del sistema de drenaje, así como derrames de aguas negras que, según el dictamen legislativo, constituyen violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano.
Pese a la sentencia, Aguakán mantiene vigente una suspensión definitiva concedida en enero de 2024, por lo que la revocación aún no ha sido ejecutada formalmente.
El juicio de amparo, promovido por la empresa a finales del año pasado, buscaba frenar los efectos del decreto legislativo. Sin embargo, luego del rechazo por parte del juez, se prevé que la compañía interponga un recurso de revisión en los próximos días para escalar el caso a tribunales superiores.
Es importante recordar que la ampliación de la concesión se realizó en 2014 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy preso por delitos vinculados al uso indebido de la función pública.
La renovación del contrato se concretó por 30 años más, hasta 2053, y vino acompañada de la entrega de más de mil millones de pesos en garantías a dependencias estatales, recursos cuyo destino permanece sin esclarecer.
Por esta operación, el gobierno estatal presentó en 2024 una denuncia penal por lavado de dinero contra directivos y socios de Aguakán. La Fiscalía General del Estado ha solicitado su comparecencia ante un juez federal para una audiencia de imputación y vinculación a proceso, programada para mayo. Los acusados cuentan con suspensiones provisionales de amparo que les protegen, por ahora, contra órdenes de aprehensión.
Además, en febrero pasado, la empresa denunció públicamente un presunto hostigamiento jurídico por parte del gobierno estatal.
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