En un operativo conjunto, la Fiscalía General del Estado (FGE) y elementos del Grupo Interinstitucional rescataron a 21 mujeres, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, durante cateos realizados en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar.
Las intervenciones se llevaron a cabo tras trabajos de investigación orientados a garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia. Con órdenes de cateo obtenidas de jueces de control, los operativos fueron ejecutados por la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.
En Othón P. Blanco, el cateo se realizó en un bar ubicado en la avenida Maxuxac, entre las calles Polyuc y Petcacab. Ahí, 13 mujeres de nacionalidad mexicana fueron rescatadas. Según las investigaciones, su labor consistía en incitar a los clientes a comprarles bebidas y, posteriormente, ofrecerles servicios sexuales por una tarifa de cuatro mil pesos o más. Durante la diligencia, también se hallaron sustancias similares a estupefacientes, preservativos y dispositivos de almacenamiento digital.
Rescatan en Bacalar a 8 víctimas
En Bacalar, el operativo se llevó a cabo en un bar ubicado en la avenida 19 Libramiento, entre las calles 38 y 40 de la colonia Mario Villanueva. En este sitio fueron rescatadas ocho mujeres: cinco de nacionalidad mexicana, dos guatemaltecas y una beliceña.
De acuerdo con las pesquisas, a las extranjeras les retenían sus pasaportes y las amenazaban con dañar a sus familiares si se negaban a continuar con la actividad impuesta. En este establecimiento, los servicios sexuales tenían un costo de entre cuatro mil y ocho mil pesos, dependiendo de la nacionalidad de la víctima.
Finalizadas las diligencias, las autoridades aseguraron los inmuebles y colocaron los sellos de resguardo correspondientes. Las mujeres rescatadas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para rendir sus declaraciones, mientras que las evidencias encontradas quedaron a disposición del Ministerio Público para su integración en las carpetas de investigación.
Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar y procesar a los responsables de estos hechos, reafirmando su compromiso en la lucha contra la trata de personas y la protección de los derechos de las mujeres.
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