La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de Yucatán firmaron un convenio para regular y vigilar las granjas porcinas instaladas en el estado. El objetivo es garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger los recursos hídricos.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. Establece acciones conjuntas para prevenir daños ambientales, restaurar ecosistemas y mejorar el uso del agua en las actividades porcícolas, un sector que en los últimos años ha sido señalado como uno de los principales focos de contaminación del acuífero peninsular.
Entre las medidas inmediatas se contempla la elaboración de un diagnóstico ambiental y un censo de granjas porcinas. Estos documentos deberán detallar su ubicación, capacidad productiva, sistemas de tratamiento de aguas residuales, emisiones de gases contaminantes y manejo de residuos. Con esta información se creará un Sistema de Información Interinstitucional, actualizado de manera anual.
Habrá informes públicos bimestrales
El convenio también prevé la instalación de un Grupo de Seguimiento y Evaluación Ambiental, que sesionará cada dos meses para dar a conocer informes públicos, revisar indicadores y, en su caso, recomendar ajustes en la implementación de políticas. Esta mesa estará integrada por representantes de todas las instituciones firmantes.
Cada parte asumirá responsabilidades específicas: la Semarnat coordinará la elaboración de estudios y lineamientos técnicos; la Profepa llevará a cabo inspecciones y aplicará sanciones; la Conagua vigilará la calidad de las aguas subterráneas y las concesiones otorgadas; el IMTA dará asesoría técnica en el tratamiento de aguas residuales, y el INECC evaluará el impacto climático de las granjas, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, tendrá la tarea de aplicar la normativa local, integrar el censo y elaborar el programa de manejo del Anillo de Cenotes, considerado una de las áreas más vulnerables y de mayor importancia hídrica en la península. Se trata de un ecosistema declarado como sitio Ramsar que aún carece de un plan de conservación integral.
Atención prioritaria a municipios
El acuerdo también ordena la atención prioritaria de los municipios con mayor contaminación del agua por la porcicultura, donde se implementarán muestreos, programas de remediación y estrategias de transición hacia una producción más sustentable. Además, se contempla el desarrollo de guías técnicas, pruebas piloto de nuevos sistemas de tratamiento y un semáforo de sustentabilidad hídrica para medir el impacto real en el acuífero.
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