La reforma al Poder Judicial en México, impulsada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción, enfrenta duras críticas de expertos que alertan sobre la elección popular de jueces y los peligros para la independencia judicial y la gobernabilidad del país.
Una profunda transformación del sistema de impartición de justicia en México se perfila como una de las prioridades legislativas de la nueva administración, generando un intenso debate nacional. La iniciativa de reforma al Poder Judicial, presentada originalmente el 5 de febrero de 2024 y ahora respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, busca, según sus proponentes, erradicar la corrupción enquistada en los tribunales. Sin embargo, juristas, analistas y sectores de la oposición advierten sobre los potenciales riesgos que estos cambios podrían acarrear para la independencia judicial, la calidad de la justicia y la propia estabilidad del Estado de Derecho en el país.
Objetivos de la Reforma: Lucha Contra la Corrupción
La bandera principal de esta reforma es la lucha contra la corrupción. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha manifestado claramente su intención: «queremos que se termine la corrupción en el poder judicial». Esta visión se materializa en una serie de cambios estructurales propuestos en la iniciativa original , entre los que destacan:
- Elección popular de juzgadores: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito y jueces de distrito serían electos mediante voto directo de la ciudadanía.
- Nuevo órgano de administración judicial: Se propone la creación de una entidad que sustituiría al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial federal.
- Tribunal de Disciplina Judicial: Se establecería un nuevo tribunal con facultades para sancionar a los juzgadores.
- Cambios procesales: Modificaciones normativas orientadas a garantizar una justicia más pronta y expedita.
En una línea simbólica de esta búsqueda de «cercanía con el pueblo», legisladores de Morena también han propuesto eliminar el uso de la toga para los ministros de la SCJN.
La propuesta de elegir jueces por voto popular busca, en teoría, dotar de mayor legitimidad democrática a los impartidores de justicia. No obstante, es precisamente este punto el que concentra gran parte de las críticas, pues podría sacrificar la indispensable competencia técnica y la imparcialidad que requiere la función judicial. Se plantea un dilema fundamental: ¿se prioriza una justicia que «represente» al pueblo o una que sea experta e imparcial, aun si sus decisiones resultan impopulares?
Alertas de Expertos: Riesgos para la Independencia y Calidad Judicial
Diversas voces autorizadas han expresado serias preocupaciones. El reconocido jurista Diego Valadés ha sido contundente al afirmar que la reforma «pone a jueces en extrema vulnerabilidad» y que, de aprobarse en sus términos, «irremediablemente llevará al país a la ingobernabilidad». Valadés califica la propuesta como «imprudente, mal concebida, mal diseñada y una improvisación».
Un análisis interno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la iniciativa también ha señalado múltiples problemas:
- La elección popular no garantiza una mayor calidad en las decisiones judiciales.
- Tampoco asegura que las personas electas cuenten con los conocimientos y competencias técnicas necesarias para desempeñar una función tan especializada.
- Se advierte que este mecanismo afectará el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de las personas.
- Existe evidencia, basada en estudios de otros países, de que los jueces electos popularmente tienden a adaptar sus decisiones para conservar el cargo, por ejemplo, alineándose con las afinidades ideológicas de sus electores o volviéndose más punitivos conforme se acercan las elecciones.
- Se identifica un riesgo de influencia indebida de intereses privados y del crimen organizado en los procesos de elección judicial.
«La elección popular de personas juzgadoras no garantiza que las personas electas cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar la función judicial.» (Análisis SCJN ).
Estos cambios, especialmente la elección de jueces y la creación de nuevos órganos administrativos y disciplinarios cuyas decisiones podrían ser inatacables , abren la puerta a un riesgo considerable: la captura del Poder Judicial por parte del poder político dominante. Si los mecanismos de selección de candidatos y los órganos de disciplina son controlados por el partido en el poder, la independencia judicial, pilar del sistema de pesos y contrapesos, se vería gravemente comprometida.
El Debate sobre la Elección Popular de Jueces
El corazón de la controversia reside en la propuesta de elección popular de jueces. Mientras sus defensores argumentan que esto aumentaría la legitimidad democrática y rompería supuestos cotos de poder, los críticos señalan una serie de peligros inminentes:
- Politización de la justicia: Los jueces podrían verse obligados a hacer campaña, buscar el favor popular y responder a agendas políticas en lugar de aplicar estrictamente la ley.
- Falta de especialización: La función judicial requiere un alto grado de conocimiento técnico y experiencia que difícilmente puede ser evaluado en una contienda electoral popular.
- Vulnerabilidad a presiones: Los jueces electos podrían ser más susceptibles a presiones de grupos de interés, mediáticas o incluso criminales.
La experiencia internacional, como el caso de Bolivia citado en documentos de análisis , ofrece lecciones sobre los desafíos y complicaciones de implementar sistemas de elección popular para la judicatura.
Implicaciones para el Estado de Derecho y la Gobernabilidad
Las consecuencias de una reforma de esta magnitud trascienden el ámbito judicial. Una potencial afectación a la independencia y la calidad de la justicia tendría un impacto directo en:
- La separación de poderes: Un Poder Judicial debilitado o subordinado no podría ejercer eficazmente su rol de contrapeso frente a los otros poderes del Estado.
- La seguridad jurídica: La predictibilidad y la imparcialidad en la aplicación de la ley son fundamentales para la convivencia social y la actividad económica.
- La confianza e inversión: La incertidumbre sobre la estabilidad del marco legal y la independencia judicial podría afectar negativamente la confianza ciudadana y la atracción de inversiones. Si las empresas no confían en la imparcialidad de los tribunales, la inversión podría retraerse, impactando el bienestar económico general.
Además, la propuesta de que las decisiones del nuevo órgano de administración judicial y del tribunal de disciplina sean inatacables genera preocupación por la posible arbitrariedad y la falta de rendición de cuentas de estas nuevas instancias.
Contexto Político y Siguientes Pasos
Para que esta reforma constitucional sea aprobada, se requiere una mayoría calificada en el Congreso de la Unión (dos terceras partes de los presentes en cada Cámara) y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales (al menos 17). La nueva configuración del Congreso, resultado de las recientes elecciones, será determinante.
El debate está abierto y se espera que sea uno de los temas centrales de la agenda política en los próximos meses. La sociedad civil, colegios de abogados, universidades y otros actores relevantes seguramente participarán activamente en la discusión. La falta de mecanismos explícitos de participación ciudadana en el diseño y funcionamiento de los nuevos órganos judiciales propuestos es también un punto de crítica.
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