El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cimbró a Michoacán y al país entero. Pero más allá de la tragedia, el caso encendió una nueva alarma: la exposición pública del adolescente presuntamente involucrado, cuyo nombre y rostro fueron difundidos por la Fiscalía y algunos medios de comunicación, vulnerando las leyes de protección a la infancia.
Una violación a los derechos de la infancia
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó su profunda consternación no solo por el crimen, sino también por la violación a la confidencialidad del menor de edad. La organización recordó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes exige la protección de la identidad de cualquier adolescente en conflicto con la ley.
Difundir su imagen y datos personales, advirtió, no solo viola el marco legal, sino que también estigmatiza, criminaliza y obstaculiza su posibilidad de reintegrarse a la sociedad.
Niñez y violencia: una crisis estructural
El caso de Uruapan no es un hecho aislado. Es el reflejo de una crisis más profunda: la violencia estructural que vulnera a miles de niñas, niños y adolescentes en México. Redim ha documentado que hasta 250 mil menores podrían estar en riesgo de ser reclutados por grupos criminales, especialmente en estados como Michoacán, donde la falta de oportunidades, la pobreza y la violencia se entrelazan con la impunidad.
La organización subrayó que los adolescentes utilizados para cometer delitos son también víctimas del abandono del Estado. Son jóvenes que han crecido entre la desigualdad, la falta de educación, la carencia de espacios seguros y el constante riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada.
Justicia con enfoque restaurativo, no punitivo
Redim insistió en que la justicia hacia los adolescentes debe centrarse en la restauración, no en el castigo mediático. La exposición del menor implicado en el caso Carlos Manzo vulnera su dignidad y la de su familia, al tiempo que envía un mensaje peligroso: el de que la sociedad prefiere castigar antes que entender y prevenir.
Frente a ello, la organización hizo un llamado urgente a medios de comunicación y autoridades para retirar cualquier material que revele la identidad del menor, recordando que los derechos de la infancia no son negociables ni pueden ser materia de nota roja.
Un llamado a la acción y la corresponsabilidad
El asesinato de Carlos Manzo y la participación de un adolescente en el crimen son un síntoma del abandono estructural que atraviesa México. Redim pidió al Congreso y a las autoridades judiciales tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de menores, además de impulsar políticas públicas que garanticen su desarrollo integral, con educación, salud mental y oportunidades reales.
La organización cerró su pronunciamiento con un mensaje contundente:
“Cada niña, niño o adolescente reclutado por el crimen organizado es una muestra de nuestra falta de acción colectiva. Solo invirtiendo en su futuro podremos romper el ciclo de violencia.”
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