El combustible del silencio: cómo operaba la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas de México
Durante años, los mares de México han sido testigos de un crimen cuidadosamente orquestado y hasta hace poco invisible: el ingreso masivo de diésel ilegal disfrazado de aditivos para aceite, tolerado por quienes juraron proteger al país. El escenario no es ficción. Es una investigación viva de la Fiscalía General de la República (FGR) que ha destapado una red de corrupción que conecta a buques internacionales, aduanas mexicanas y altos mandos de la Marina. Al centro de esta maquinaria, un grupo conocido como Los Primos.
Los hermanos Farías Laguna: operadores desde las entrañas de la Marina
El hilo de esta red comienza con Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados como operadores clave del contrabando de combustible a gran escala. No se trata de delincuentes comunes, sino de individuos con conexiones profundas dentro de la estructura naval. Su operación contaba con un ingrediente esencial para prosperar: complicidad institucional. Los controles de seguridad de las aduanas marítimas de México fueron burlados sistemáticamente gracias a verificadores corruptos que alteraban muestras, omitían inspecciones y falsificaban documentación técnica.
Buquetanques y documentos falsos: el disfraz perfecto del huachicol
Los buques que atracaban en puertos como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada lo hacían con documentos en regla. En el papel, transportaban aceites o aditivos; en sus tanques, en realidad, llevaban millones de litros de diésel. ¿Cómo era posible que esto pasara desapercibido ante los ojos del Estado? La respuesta está en los laboratorios y en los frascos de muestra. Cada vez que un buquetanque atracaba, se tomaban supuestas muestras para análisis en el laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), pero estas muestras eran manipuladas.
Los frascos del engaño: complicidad a nivel técnico
El modus operandi era tan meticuloso como indignante. Verificadores como Sergio Varela Morales, Antonio Campos Vera, Leonardo Macías Valdivia y otros, tenían frascos con sustancias distintas preparadas con antelación para simular que el contenido de los buques era legal. En cada operación, estos funcionarios simulaban tomar muestras reales, pero presentaban otras ante el laboratorio. El resultado: análisis “negativos” para diésel. Así se repetía el engaño, una y otra vez, en un ciclo de corrupción sostenido por sobornos.
La red de sobornos: cuánto costaba el silencio
Según la declaración del testigo colaborador Santo, quien fue director de la aduana de Tampico, por cada buque que descargaba diésel disfrazado de aditivo, se pagaban entre 40 mil y 50 mil pesos a cada funcionario clave. Las gratificaciones provenían del capitán Miguel Ángel Solano, alias Sol, operador de confianza de los hermanos Farías Laguna. En solo nueve meses, al menos 14 buques descargaron combustible ilegal en Tampico sin oposición.
De Tampico a Guaymas: la red se extiende
Pero la operación no se limitaba a Tamaulipas. En Guaymas, Sonora, fueron señalados los verificadores Ramón Eduardo Quintana Amaya y Óscar Antonio Vergara Roble. Ahí, el buque Torm Agnes descargó dos millones de litros de huachicol fiscal bajo la misma estrategia de documentación falsa y muestras manipuladas. Cada puerto operaba como una célula independiente pero conectada por los mismos intereses y el mismo manual de corrupción.
Los laboratorios también bajo control
Uno de los hallazgos más alarmantes fue la revelación de que el laboratorio central de la ANAM —el último filtro de control técnico— también estaba infiltrado. Las muestras, incluso si eran legítimas, no generaban alertas, lo que sugiere que los resultados de los análisis eran alterados o ignorados. Para Santo, esto fue la confirmación de que la red de Los Primos tenía el control de toda la cadena institucional, desde el muelle hasta el análisis final.
Funcionarios detenidos: el primer paso hacia la rendición de cuentas
Actualmente, varios funcionarios están vinculados a proceso: Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia J. Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías. Estos servidores públicos ocupaban cargos clave en el Departamento de Operaciones de la aduana de Tampico y eran responsables de validar documentos y enviar las muestras al laboratorio central. Su omisión permitía que toneladas de hidrocarburo ingresaran sin pagar impuestos, burlando completamente al Estado mexicano.
Crimen organizado con fachada oficial
Este caso no se trata de simples actos aislados de corrupción. Lo que describe la FGR es una estructura organizada, con jerarquías, funciones bien definidas y una cadena de mando operando desde dentro de la Marina. El uso de buques internacionales, documentación técnica falsificada y control de los laboratorios implica una operación a gran escala que solo pudo sostenerse por años gracias al silencio, la omisión y el dinero.
Implicaciones para la seguridad nacional y la economía
El huachicol fiscal no solo afecta las finanzas públicas. También representa un riesgo para la seguridad energética del país, debilita el estado de derecho y daña gravemente la confianza ciudadana en las instituciones armadas. Además, al no pagar impuestos por el ingreso del combustible, el Estado pierde recursos millonarios que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura.
¿Qué sigue para México?
La detención de algunos funcionarios es apenas el comienzo. La magnitud de la red implica que habrá más implicados, tanto dentro de la Marina como en la Agencia Nacional de Aduanas. La pregunta es si las investigaciones lograrán desmantelar completamente esta estructura o si quedarán cabos sueltos que permitan que todo vuelva a comenzar. Lo cierto es que el país exige justicia y transparencia.
Conclusión: aire de justicia en puertos contaminados
La historia del huachicol fiscal revela la vulnerabilidad de las instituciones frente al crimen organizado cuando hay corrupción interna. Durante años, buques entraron y salieron del país con combustible ilegal sin que nadie levantara la voz. Hoy, gracias al trabajo de la FGR y a testimonios clave, sabemos cómo operaban y quiénes eran los cómplices. Ahora, México enfrenta un reto mayor: limpiar no solo sus aduanas, sino también su institucionalidad. Porque mientras el combustible siga entrando por los puertos sin control, la verdadera crisis no será energética, sino moral.
