El huachicol fiscal es una de las prácticas ilegales más sofisticadas en el país. A diferencia del robo de combustibles mediante tomas clandestinas, esta modalidad opera en puertos y aduanas.
Empresas y grupos criminales manipulan fracciones arancelarias para introducir gasolina y diésel, pero los registran como productos exentos del IEPS, como lubricantes o aditivos. Esto permite vender combustible más barato, obteniendo enormes ganancias y desplazando a distribuidores legales.
El fraude depende de corrupción, permisos temporales y complicidad de autoridades aduaneras. De acuerdo con Petro Intelligence, este esquema representa pérdidas superiores a los 170 mil millones de pesos para la recaudación nacional.
¿Por qué es tan perjudicial para México?
El impacto del huachicol fiscal va más allá de lo económico. Se ha convertido en una actividad delictiva a gran escala, con redes que involucran empresarios, funcionarios y hasta elementos de la Marina.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que un barco fue asegurado en Tampico con combustible disfrazado como otros productos, lo que derivó en la detención de 14 personas.
Estados Unidos lo ha catalogado como la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo detrás del narcotráfico. Esto evidencia que ya no se trata de tomas clandestinas, sino de un fraude complejo que combina corrupción institucional, lavado de dinero y comercio ilegal de hidrocarburos.
