La trata de personas es un delito que el Gobierno de Quintana Roo está decidido a erradicar. Por ello, las autoridades estatales refuerzan constantemente sus estrategias de seguridad para proteger a mujeres, niñas y adolescentes, quienes representan la población más vulnerable ante esta problemática.
De acuerdo con la gobernadora Mara Lezama, en administraciones anteriores este problema fue normalizado e incluso ocultado. Sin embargo, su gobierno ha trabajado activamente para visibilizar esta realidad y desarrollar estrategias efectivas para su atención y combate.
“En este gobierno sí visualizamos delitos como la trata de personas que, en gobiernos anteriores no se hablaba de ello, solo era hablar del éxito, pero aquí sí decimos los delitos que existen y te alertamos para que no caigas en ellos.
“Por eso la importancia de visibilizar los delitos y actuar en consecuencia, para que los delincuentes tengan sanciones ejemplares y con eso decirles que, si durante mucho tiempo se los permitieron, en este gobierno ya no”, dijo recientemente.
444 víctimas rescatadas
Mencionó que, desde el inicio de su administración, se han integrado 202 carpetas de investigación y detenido a 70 presuntos responsables. Además, se han realizado 70 cateos en restaurantes y domicilios, logrando el rescate de 444 víctimas, en su mayoría mujeres y menores de edad. De ellas, 325 eran mexicanas y 119 extranjeras, provenientes principalmente de Colombia, Belice, El Salvador, Argentina y Brasil.
Las investigaciones de las autoridades estatales tras el rescate de estas mujeres han revelado que, en el caso de las víctimas extranjeras, el mismo “modus operandi” se repite: son atraídas con la promesa de un empleo formal, pero al llegar a Quintana Roo, sus documentos son confiscados y son forzadas a prestar servicios sexuales bajo amenazas. Además, durante el oficio se les imponían tarifas que debían cubrir mediante su trabajo en bares y centros nocturnos.
Ante este panorama, la gobernadora hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante cualquier indicio o sospecha de trata de personas y a denunciarlo, para así garantizar una atención oportuna a las víctimas y contribuir a la erradicación de este delito.
“Con estas cifras confirmamos que el delito existe en nuestro estado, hay niñas, niños, mujeres sufriendo por ese delito, por eso siempre pedimos que se cuiden en redes sociales, por eso queremos que pases la voz a tus vecinos y a tus familiares sobre esta situación para siempre estar alerta”, comentó Mara Lezama.
LOS CASOS MÁS RECIENTES
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que luego de cuatro cateos simultáneos en bares de Playa del Carmen y Cozumel realizados el pasado 14 de marzo, se logró el rescate de 35 mujeres, mexicanas y extranjeras, víctimas de prostitución forzada.
En Playa del Carmen, las autoridades intervinieron tres bares. En el primero, ubicado en una avenida de la colonia Ejidal, había 10 mujeres que eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a cambio de 5,000 pesos, una tarifa que incluía bailes privados, renta del cuarto y consumo de alcohol.
Ocho de ellas eran mexicanas, una colombiana y una argentina. Enganchadas con falsas promesas de empleo a través de Facebook o conocidos, al llegar les quitaban sus documentos y les imponían la entrega del 50% de sus ganancias.
El segundo cateo, en un bar de la avenida 40 en la colonia Centro, permitió el rescate de dos mexicanas que eran obligadas a realizar bailes privados y servicios sexuales por 1,500 pesos. Las condiciones de abuso eran similares: control absoluto sobre sus ingresos y coerción permanente.
En el tercer establecimiento, también en Playa del Carmen, las fuerzas de seguridad hallaron a 10 mujeres mexicanas atrapadas en el mismo infierno. Explotadas sexualmente, les imponían tarifas de 2,500 pesos por servicios que incluían bailes eróticos y consumo de bebidas alcohólicas.
Mientras tanto, en Cozumel 13 mujeres fueron rescatadas. Ocho eran mexicanas, dos colombianas, una de Belice, una de El Salvador y una de Brasil. En este lugar, la trata de personas se manifestaba con las mismas prácticas de explotación: coerción, retención de documentos y amenazas para mantenerlas bajo control.
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