Necesariamente para abordar el tema del aborto legal y seguro, es fundamental poner en la mesa algunos causantes que llevan a las mujeres en edad reproductiva de todos los grupos etarios a buscar la interrupción de un embarazo no planeado o deseado. Uno de los escenarios es la presencia del embarazo en niñas y adolescentes. El embarazo adolescente representa a nivel mundial una Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA) de 41 a 42 nacimientos por cada 1,000 mujeres; a nivel nacional, la TFA se encuentra en 45.2 nacimientos por cada 1,000 mujeres.
Como ya saben, la presencia del embarazo adolescente tiene mayor representatividad en aquellas que viven dentro de contextos sociocultural y económicamente vulnerables, donde comúnmente el embarazo es resultado de violencia sexual, ya sea dentro del ámbito familiar o comunitario. Para colocar parte del panorama en el mismo marco de embarazos no deseados o no planeados en las mujeres adultas, retomemos uno de los trabajos del 2019 que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 36 países, el cual documenta que dos tercias partes de las mujeres sexualmente activas que desearon aplazar o restringir la maternidad dejaron el uso de anticoncepción por el hecho de presentar efectos secundarios en su salud o pensar en una baja probabilidad de embarazo, lo que llevó que uno de cuatro embarazos no fueran planeados. Con ese dato, la OMS concluye que la ausencia de la anticoncepción por parte de las mujeres se debe a la falta de un compromiso por parte de los servicios de salud en ofrecer una planificación familiar de gran calidad. Es importante mencionar que también en este grupo la violencia sexual las lleva a tener embarazos no planeados.
Cualquier acontecimiento que deriva hacia un embarazo no planeado coloca a las mujeres en estado de vulnerabilidad, donde solamente ellas saben lo que implica pensarse en una situación no anhelada, y que además deben decidir qué hacer, decisión que usualmente lo hacen en soledad, porque, como ya lo hemos conversado en otro momento en esta misma columna, los varones comúnmente se alejan dejando toda responsabilidad a las mujeres. Siendo así la realidad, deberíamos dejar de cuestionar a las mujeres que deciden por voz y voluntad propia abortar, porque al final de la historia ellas son las que resuelven, ya sea interrumpiendo el embarazo o haciéndose cargo de un hijo o hija no deseada.
¿Cómo va México sobre el Acceso al Aborto Legal y Seguro?
Recordemos que la Ciudad de México en el 2007 fue la primera entidad federativa que logró que los servicios de salud proporcionaran como derecho la Interrupción Legal de Embarazado (ILE), con ello, las mujeres, y no solo de la Ciudad de México, por primera vez pudieron por decisión voluntaria poder interrumpir embarazos no deseados, no planeados. Otro paso positivo fue que en marzo de este 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió a ofrecer la interrupción del embarazo seguro en 25 entidades del país, desarrollando la guía técnica para la atención legal del embarazo que debería ejercer el personal de salud para una eficiente atención a las mujeres.
En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal como respuesta a la refutación sobre el Código Penal Federal que presentó la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para que se dejará de criminalizar a las mujeres o personas gestantes, además del personal de salud que realizara la interrupción del embarazo. Y el paso más reciente se realizó en septiembre de 2026, con la presentación de la actualización de los Lineamientos Técnicos para la Atención del Aborto Seguro en México, propuesta que dio a conocer el gobierno a través del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, y cuyo objetivo es establecer criterios sistematizados para la prestación de servicios de aborto seguro en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, garantizando que mujeres y personas con posibilidad de gestar, incluyendo niñas y adolescentes, tengan acceso a una atención oportuna, resolutiva, integral y de calidad en cualquier momento del embarazo.
En esta propuesta se deben resaltar los resultados de la contribución en conjunto de instituciones gubernamentales, de la asociación civil y expertas independientes sobre en el tema, puesto que la historia sobre los avances de los derechos sexuales y reproductivos nos han enseñado que las percepciones, conocimientos y aprendizajes sobre el aborto no son vistas del mismo modo según la trinchera que ocupemos. Es de hacer notar que esta actualización le apostó a hacia una postura integral e incluyente, por ejemplo, nombrar que todas las personas con capacidad de gestar tienen derecho al acceso al ILE, reconociendo con ello la diversidad de género y el respeto a los derechos humanos en los servicios de Aborto Legal y Seguro.
Es de aplaudirse cada paso a nivel nacional que se ha realizado hacia un aborto legal y seguro, es transcendental y necesario, pero no sobra dejar de mencionar que existen carencias de este tipo de servicios en población vulnerable, como son las comunidades indígenas rurales, que en general la ubicación de los servicios de salud no son cercanos, y mucho menos cuentan con equipamiento para una atención conveniente.
Si en verdad se desea que se logre una cobertura nacional de Aborto Legal y Seguro es imperioso no dejar afuera a ninguna.
