Protestas indígenas en el estado de Guerrero podrían cruzar fronteras y llegar hasta la Copa Mundial de Futbol de 2026. Así lo advirtieron organizaciones de pueblos nahuas de la Montaña Baja, quienes aseguraron que, ante la falta de respuesta del gobierno federal, estatal y municipal, llevarán su denuncia al escenario internacional más visible que tendrá México en los próximos años.
La advertencia no es simbólica ni retórica. Es el reflejo de una crisis prolongada de violencia, desplazamiento forzado y criminalización de comunidades que, aseguran, han sido abandonadas por el Estado mientras grupos del crimen organizado operan con impunidad.
Organizaciones indígenas unen fuerzas frente a la violencia
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-ez) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) anunciaron una alianza inédita para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a la Montaña Baja y la Costa Chica.
Sus dirigentes, Lino Ponce González y Jesús Plácido Galindo, explicaron que la unión de estas organizaciones responde a la necesidad urgente de proteger a sus comunidades ante la expansión del grupo criminal conocido como Los Ardillos, al que acusan de operar con protección institucional.
Protestas indígenas y la creación de un sistema de justicia comunitaria
Uno de los anuncios más relevantes fue la conformación de un sistema de justicia comunitario indígena, que abarcará regiones estratégicas como la Montaña Baja, la Costa Chica y municipios como Tecoanapa y Juan R. Escudero.
Este modelo busca recuperar el control territorial y garantizar seguridad donde el Estado, aseguran, ha fallado. Para las comunidades, no se trata de un desafío al gobierno, sino de una medida de supervivencia ante la violencia constante, los asesinatos y las desapariciones.
Acusaciones directas contra grupos criminales
Las organizaciones denunciaron que Los Ardillos, encabezados presuntamente por Celso Ortega Jiménez y Benito Sánchez Millán, alias El Oso, son responsables de múltiples crímenes en la región, incluyendo la emboscada donde murieron 13 policías comunitarios en agosto pasado.
Además, señalaron que en la Montaña Baja se contabilizan al menos 70 asesinatos y 25 desapariciones de integrantes del Cipog-ez, así como familias completas desplazadas del corredor que conecta Tierra Colorada, Tecoanapa y Ayutla de los Libres.
El desplazamiento forzado y la exigencia de retorno seguro
Uno de los puntos centrales de las protestas indígenas es la exigencia de un retorno seguro para las familias desplazadas. Las organizaciones demandan garantías plenas de seguridad, reparación del daño y medidas de no repetición.
Aseguran que mientras no se desarticulen los grupos criminales, cualquier retorno sería una condena al riesgo permanente, por lo que responsabilizan directamente a las autoridades por omisión.
Detenciones, criminalización y amenaza de bloqueos
Las organizaciones también exigieron la liberación inmediata de cinco integrantes detenidos en mayo de 2024, acusados —según las comunidades— por defender sus territorios frente al avance del crimen organizado.
Advirtieron que si el próximo 27 de enero se imponen condenas severas, las comunidades organizadas de la Montaña y la Costa Chica iniciarán bloqueos carreteros y movilizaciones masivas.
El Mundial 2026 como plataforma de denuncia global
Llevar las protestas indígenas al Mundial de Futbol de 2026 no es una amenaza aislada, sino una estrategia para visibilizar internacionalmente una problemática que, aseguran, ha sido ignorada durante años.
Para las comunidades nahuas, el evento deportivo representa una oportunidad única para que el mundo conozca la realidad que se vive en Guerrero: violencia estructural, abandono institucional y criminalización de la organización social.
Protestas indígenas: un conflicto que el gobierno no puede ignorar
Las protestas indígenas en Guerrero reflejan una fractura profunda entre el Estado y las comunidades originarias. Mientras el gobierno presume estabilidad rumbo a eventos internacionales, en amplias zonas del sur del país persisten el miedo, el desplazamiento y la impunidad.
Si no hay respuestas inmediatas, el conflicto no solo escalará en el territorio, sino también en la narrativa internacional, justo cuando México busque proyectar una imagen de seguridad y modernidad ante el mundo.
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