El diputado Hugo Alday presentó ante el Congreso del estado una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo con el objetivo de garantizar transporte público gratuito para estudiantes, como una medida para reducir las barreras de acceso a la educación.
De acuerdo con el legislador, la movilidad no puede entenderse como un servicio aislado, sino como un derecho fundamental vinculado directamente con otros derechos.
“La movilidad es un derecho humano fundamental que ha adquirido una relevancia significativa en la esfera jurídica internacional y nacional. No solo implica la posibilidad de desplazarse libremente, sino que es una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación”, dijo.
En la propuesta, destacó la realidad de miles de estudiantes que viven en comunidades rurales, donde las distancias, la falta de transporte y los costos representan un obstáculo diario.
“El derecho a la educación solo puede ejercerse de manera efectiva si las personas tienen la capacidad de trasladarse a sus centros educativos. En Quintana Roo, particularmente en zonas rurales, la movilidad se convierte en un desafío crítico que impide que muchos niños y jóvenes puedan asistir de manera regular a la escuela”, comentó.
El diputado advirtió que esta situación no solo afecta la asistencia escolar, sino que tiene consecuencias más profundas.
“Las distancias, los costos del transporte, la inseguridad en algunas rutas y la escasa oferta de servicio público generan condiciones que pueden derivar en deserción escolar o en una educación incompleta, impactando directamente en el desarrollo social y económico de nuestras comunidades”.
Transporte gratuito como solución
Ante este panorama, la propuesta legislativa plantea establecer el acceso gratuito al transporte público para estudiantes cuando el trayecto a la escuela supere ciertos límites.
“Lo que buscamos es que niñas, niños y adolescentes cuenten con transporte público gratuito cuando el trayecto desde su casa hasta su escuela represente una barrera real. En educación primaria, cuando el recorrido supere los 30 minutos caminando o un kilómetro; y en secundaria y media superior, cuando exceda los 60 minutos o los tres kilómetros”, mencionó Alday.
Además, la iniciativa amplía el alcance del beneficio, incluyendo no solo a estudiantes de nivel básico, sino también a quienes cursan secundaria y media superior.
Responsabilidad de municipios y concesionarios
El proyecto también establece obligaciones para los municipios y concesionarios del transporte público, con el fin de garantizar que el servicio sea suficiente y accesible.
“Se propone que los municipios aseguren que los concesionarios destinen unidades suficientes para brindar este servicio de transporte escolar gratuito. No se trata solo de reconocer un derecho, sino de hacerlo efectivo en la práctica, bajo principios de inclusión e igualdad”.
Agregó que esta reforma busca cerrar brechas históricas en el acceso a la educación en Quintana Roo, especialmente en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.
“Quintana Roo es un estado con grandes contrastes: mientras existen polos turísticos como Cancún o Playa del Carmen, muchas comunidades rurales permanecen aisladas y sin acceso a infraestructura de transporte adecuada. Esta iniciativa busca atender esa desigualdad y garantizar que ningún estudiante deje de ir a la escuela por falta de movilidad”.
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