El Congreso de Quintana Roo trabaja en una reforma al Código Penal del estado para sancionar de manera más efectiva el fraude inmobiliario, una problemática que atenta en contra del desarrollo urbano de la entidad y de la misma ciudadanía.
El diputado Hugo Alday, impulsor de la iniciativa, explicó que la propuesta busca modificar el artículo 269 del Código Penal para establecer penas claras y sanciones contra quienes vendan propiedades sin contar con los permisos correspondientes.
“Parte de nuestra labor como legisladores es llevar a cabo una constante revisión del marco jurídico vigente en el estado para identificar áreas de oportunidad y proponer iniciativas que mejoren su aplicación y efectividad en materia de desarrollo urbano”, dijo.
El legislador explicó que, luego de un análisis desde la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, se identificaron deficiencias en las penas y sanciones impuestas a delitos, especialmente en los relacionados con el desarrollo y fraude inmobiliario.
“La falta de sanciones específicas hace que nuestra norma jurídica pierda eficacia, por lo que es necesario reformarla. Actualmente, el fraude inmobiliario está contemplado dentro de las penas del artículo 269, pero su redacción no establece una sanción clara en su contra”, explicó.
Con la reforma propuesta, se busca equiparar el delito de fraude inmobiliario a las penas ya establecidas para los delitos de desarrollo urbano. Para ello, se establecerán de cuatro a doce años de prisión y multas de 1,800 hasta 3 mil días de multa a quienes ordenen la promoción y venta de lotes, departamentos o casas en fraccionamientos no autorizados, sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones necesarias.
“El objetivo es evitar que se sigan creando asentamientos irregulares y proteger a los ciudadanos de ser víctimas de fraudes en el sector inmobiliario. La nueva redacción del artículo permitirá sancionar de manera efectiva estas prácticas ilegales”, agregó el diputado.
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