La diputada María Graciela Gaitán Díaz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para dotar a los centros educativos con cámaras de videovigilancia conectadas al C5 de cada entidad, con el objetivo de prevenir la violencia y el acoso escolar.
Violencia escolar en México
La legisladora señaló que la medida busca atender la alta incidencia de violencia en escuelas mexicanas, un fenómeno respaldado por organismos internacionales. Según la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en acoso escolar en educación básica, con un 65.9% de estudiantes que reportan haber sido víctimas de bullying.
Por su parte, Unicef alerta que la violencia en planteles deja secuelas físicas y psicológicas que afectan directamente el rendimiento académico, mientras que la CNDH señala que uno de cada tres estudiantes experimenta algún tipo de violencia en la escuela, siendo los baños y áreas comunes los lugares más vulnerables.
¿Dónde se instalarían las cámaras?
La iniciativa contempla colocar sistemas de videovigilancia en patios, accesos a baños y corredores de tránsito común, con operación sujeta a estrictos lineamientos de privacidad y protección de datos personales.
Si se aprueba, la instalación de cámaras sería un requisito obligatorio que la SEP deberá considerar al construir, equipar, mantener o rehabilitar escuelas públicas en todo el país. La dependencia, en coordinación con órganos reguladores de privacidad, definiría cómo y en qué condiciones deberán cumplir los planteles con esta obligación.
Además, la propuesta incluye sistemas de registro de ingreso y salida del personal, integrando herramientas tecnológicas que permitan una supervisión más efectiva y una respuesta oportuna ante incidentes.
La diputada enfatizó que la violencia escolar es “cien por ciento prevenible” y recalcó la responsabilidad del Estado de implementar soluciones estructurales y de largo plazo que se adapten al entorno actual.
La iniciativa será discutida en la Comisión de Educación, donde se evaluará su viabilidad, los mecanismos para proteger la privacidad de los estudiantes y el impacto esperado en los indicadores de violencia y convivencia escolar.
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