Desde el Congreso de Quintana Roo se ha presentado una iniciativa de reforma al Código Penal local con la que se busca poner un alto a la delincuencia digital y reforzar las sanciones en contra de quienes cometan cualquier delito relacionado a fraudes digitales.
El diputado del Partido del Trabajo, Hugo Alday, mencionó que su propuesta plantea modificar el artículo 269 del Código Penal para tipificar delitos que hoy afectan a cientos de familias a través de redes sociales, aplicaciones móviles y plataformas financieras.
“El fraude se convirtió en uno de los delitos patrimoniales más comunes en la entidad. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, tan solo en 2024 se denunciaron más de dos mil casos relacionados con engaños financieros, principalmente en línea”, explicó Alday.
El diputado mencionó que los delitos de fraude ya existían en la entidad, la llegada de las nuevas tecnologías modificó el modus operandi adaptándolo a las plataformas digitales, convirtiéndose en una amenaza para la población, por lo que requiere de una respuesta inmediata.
“Las modalidades han evolucionado con el uso de tecnologías y aplicaciones móviles; por eso es urgente que la ley se actualice para ampliar la cobertura y proteger los derechos y la seguridad de los quintanarroenses”, dijo.
La iniciativa contempla sancionar la simulación de operaciones digitales, la suplantación de identidad de personas o empresas y la manipulación de información financiera mediante contraseñas digitales.
De esta forma, se establecería una pena a prisión que va desde los cuatro hasta los 12 años de prisión a quienes cumplan con los criterios para este delito.“No se trata solo de perseguir un delito, sino de proteger el patrimonio de las familias y recuperar la confianza en las transacciones digitales. Si queremos que la gente utilice con seguridad estas herramientas, debemos garantizar que la ley les respalde”, afirmó el legislador.
De acuerdo con el diputado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Quintana Roo ocupó en 2024 el séptimo lugar nacional en denuncias por fraude, lo que refleja la urgencia del tema.
“Estamos frente a un problema que ya dejó de ser aislado: afecta la economía de las familias, la seguridad de los ciudadanos y la confianza en los servicios digitales. La actualización del Código Penal es un paso necesario para frenar a quienes hacen de la estafa un negocio”, comentó.
