Desde el Congreso de Quintana Roo se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal con la que se busca tipificar el fraude digital y con ello, cerrar lagunas legales que hoy permiten a estafadores operar sin una regulación clara y con amplia impunidad.
El diputado promovente, Hugo Alday, destacó que esta es una de las reformas penales más urgentes para proteger la seguridad digital de los quintanarroenses, quienes hoy enfrentan estafas que comprometen su patrimonio y generan fuertes pérdidas económicas.
“El fraude es un delito contra las personas en su patrimonio, se realiza a través de engaño o aprovechándose del error. Tan solo entre enero y octubre, en el estado se registraron 235 denuncias, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo.
Agregó que aunque el Código Penal local contempla el fraude tradicional, no reconoce nuevas modalidades que operan a través de tecnologías de la información.
“Nuestro estado no ha sido reformado para contextualizar conductas que suceden en la actualidad. La base normativa es inexistente y eso es aprovechado por los defraudadores”, advirtió.
Cómo operan las nuevas modalidades de fraude digital
El aumento de fraudes cibernéticos ha sido especialmente visible en Cancún y Playa del Carmen, donde turistas y residentes denuncian estafas en reservaciones falsas de hoteles o rentas vacacionales inexistentes. También proliferan sitios web que suplantan a empresas reales, mensajes que solicitan “pagos de confirmación” y ofertas de empleo o inversión que nunca se concretan.
“El fraude impacta directamente a personas adultas mayores, turistas, pequeños comerciantes y usuarios de servicios financieros digitales. Quintana Roo ocupa ya el cuarto lugar nacional en afectaciones por fraude, con pérdidas superiores a 1,200 millones de dólares, de acuerdo con datos retomados por el legislador”, dijo.
Un nuevo tipo penal para un delito que ya cambió
Ante este escenario, la iniciativa propone incluir el concepto de fraude digital en el Código Penal del estado. Esta figura castigaría a quien, mediante manipulación informática, intercepción de datos o acceso no autorizado a bases de datos, obtenga un beneficio económico o cause daño patrimonial.
“Lo que proponemos es adicionar el fraude digital, castigando a aquella persona que en uso de un medio informático, telemático o electrónico alcance un lucro indebido”, explicó Alday.
El uso no autorizado de datos personales o la suplantación de identidad también quedarían incluidos. Las sanciones propuestas van de seis meses a 10 años de prisión y hasta 500 días de multa.
El diputado reiteró que la actualización del marco penal es necesaria para que las autoridades puedan actuar con eficacia.
“Ampliar el catálogo permite cerrar lagunas legales y proteger el patrimonio de las personas”, afirmó.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, donde se espera que avance con el apoyo de todas las fuerzas políticas, dada la magnitud del problema y la urgencia de regular estas nuevas formas de delito digital.
