Propuesta de ley contra huachicoleo de agua busca frenar el saqueo hídrico en México
México enfrenta un creciente problema de huachicoleo de agua, situación que amenaza la seguridad hídrica y la disponibilidad de este recurso en distintas regiones del país. Ante este escenario, se presentó una iniciativa para crear un nuevo tipo penal federal que sancione la extracción y comercialización ilegal de aguas nacionales. Las penas podrían ir de cuatro a 15 años de prisión, acompañadas de multas millonarias, con el objetivo de disuadir estas prácticas que ponen en riesgo el patrimonio hídrico de la nación.
Cambios legislativos para proteger los acuíferos
La propuesta contempla modificaciones a cuatro leyes federales, estableciendo medidas para prevenir la sobreexplotación de acuíferos y garantizar un uso sostenible del agua. Entre las acciones previstas se encuentra la extinción de dominio de tierras, pozos y equipos utilizados en delitos de robo de agua, así como la instalación obligatoria de medidores inteligentes para monitorear el consumo. Además, se plantea la creación de un padrón público georreferenciado de tomas clandestinas, con el fin de transparentar la ubicación y control de las extracciones ilegales.
Impacto histórico del saqueo de agua en Chihuahua
El documento presentado advierte que, durante administraciones pasadas, se facilitó la sobreexplotación de acuíferos en estados como Chihuahua, con la emisión de cientos de constancias de aprovechamiento de agua subterránea en un solo día. Esta situación ha provocado un crecimiento desmedido de la superficie agrícola bajo riego, duplicando el desgaste de los acuíferos y afectando la sostenibilidad de los recursos hídricos. Se señala que la expansión ilegal de zonas agrícolas y cultivos de alto consumo hídrico ha contribuido significativamente al desequilibrio ambiental.
Medidas preventivas y control institucional
Además de las sanciones penales, la iniciativa propone un mayor control institucional para evitar la omisión o facilitación de estas prácticas ilícitas. Las autoridades deberán supervisar las extracciones y garantizar que las acciones de control sean efectivas, contribuyendo al cumplimiento del Plan Nacional Hídrico y asegurando la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e industrial en el mediano y largo plazo.
Conciencia social y colaboración ciudadana
La iniciativa también busca fomentar la conciencia social sobre el valor del agua y la importancia de su uso responsable. Se prevé la colaboración con comunidades y productores agrícolas para promover prácticas sostenibles, así como la implementación de mecanismos de denuncia para identificar casos de huachicoleo de agua. Esto permitirá un seguimiento más efectivo y la participación activa de la ciudadanía en la protección de los recursos hídricos.
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