Fue este 31 de diciembre de 2024 cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF) cerró el año con un anuncio crucial: la publicación del decreto que modifica el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución mexicana. Este cambio, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, redefine el uso de la prisión preventiva oficiosa en México, marcando así un antes y un después en el sistema de justicia penal.
El Congreso aprobó la reforma en noviembre, destacando las reservas propuestas por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Estas incluyen tanto la exclusión de delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, como la inclusión de nuevos delitos relacionados con el tráfico de sustancias químicas y drogas sintéticas, en un esfuerzo por actualizar y equilibrar esta controvertida medida cautelar.
¿Qué cambia con esta reforma?
Delitos excluidos del catálogo de prisión preventiva
Entre los ajustes más relevantes se encuentra la exclusión del narcomenudeo y la defraudación fiscal. Según Ricardo Monreal, estas modificaciones buscan un enfoque más social y preventivo, especialmente en el caso del narcomenudeo. “Es necesario recobrar el tejido social, sobre todo en jóvenes”, destacó el legislador.
Esta exclusión responde a las críticas que señalaban el uso excesivo de la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado, vulnerando el principio de presunción de inocencia.
Nuevos delitos incluidos
Por otro lado, la reforma endurece las medidas contra delitos vinculados al manejo de precursores químicos y drogas sintéticas como el fentanilo. Ahora, los jueces deberán aplicar prisión preventiva oficiosa en casos que involucren:
- Introducción y desvío de sustancias químicas.
- Producción, importación y distribución de drogas sintéticas.
Este enfoque responde al impacto devastador del tráfico de fentanilo en la seguridad nacional y la salud pública, alineando el sistema judicial con las prioridades actuales en materia de combate al crimen organizado.
Hacia un sistema más equilibrado
La reforma al Artículo 19 llega en un contexto donde el uso de la prisión preventiva oficiosa había sido duramente cuestionado. En casos pasados, esta medida fue criticada como una herramienta que favorecía la criminalización de sectores vulnerables y sobrecargaba el sistema penitenciario. Con esta reforma, se espera:
- Fortalecer el respeto a los derechos humanos: Restringiendo la prisión preventiva a delitos de alto impacto.
- Aumentar la eficiencia judicial: Limitando el uso de esta medida cautelar a casos realmente necesarios.
- Reducir el castigo anticipado: Fomentando la presunción de inocencia como principio rector del sistema penal.
Monreal: Un papel clave en la reforma
El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, tuvo un rol central en lo que respecta a los ajustes finales de esta reforma. Durante las discusiones, Monreal enfatizó la necesidad de un cambio estructural en la aplicación de la prisión preventiva para evitar abusos y garantizar un trato justo en el sistema judicial.
Con estas modificaciones, Monreal buscó responder a demandas de distintos sectores sociales y políticos que pedían un enfoque más humano y estratégico en la justicia penal.
Impacto de la reforma en 2025
La entrada en vigor de la reforma representa un paso importante hacia un sistema de justicia penal más justo y equilibrado. Sin embargo, también plantea retos en su implementación, especialmente en:
- Capacitación judicial: Asegurar que jueces y fiscales interpreten correctamente los nuevos lineamientos.
- Monitoreo del impacto: Evaluar si los cambios logran reducir el abuso de la prisión preventiva.
- Atención a sectores vulnerables: Fortalecer políticas sociales para evitar la reincidencia en delitos como el narcomenudeo.
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