El debate sobre si los cárteles mexicanos deberían ser clasificados como organizaciones terroristas volvió al centro de atención tras la orden ejecutiva de Donald Trump. Aunque polémica, esta medida refleja una visión distorsionada de las dinámicas del crimen organizado en México, que va más allá de tácticas violentas. En este artículo, exploraremos por qué esta clasificación no solo es teóricamente errónea, sino también contraproducente en términos de seguridad y políticas bilaterales.
¿Qué distingue a los cárteles del crimen organizado de los grupos terroristas?
Motivaciones: Ideología vs. acumulación de riqueza
- Los grupos terroristas suelen estar motivados por agendas ideológicas, religiosas o políticas que buscan subvertir el orden social o tomar el control del Estado.
- Por otro lado, los cárteles tienen un objetivo primordial: la acumulación de riqueza a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
En México, los cárteles no intentan derrocar al Estado; más bien, buscan coexistir con él, aprovechando sus debilidades y corrupción para operar bajo su sombra.
Relación con la población civil
- Los grupos terroristas utilizan a los civiles como herramientas para avanzar en sus agendas, ya sea a través del miedo o la manipulación.
- Los cárteles interactúan con la población mediante estrategias de cooptación y negociación, llegando incluso a proporcionar servicios básicos en áreas desatendidas por el Estado.
Esta relación pragmática refleja más las fallas del sistema que un apoyo real a las actividades criminales.
La narrativa simplista y sus riesgos
Un problema de comprensión internacional
El tratamiento del crimen organizado como terrorismo refleja una visión reduccionista que no considera las dinámicas complejas del contexto mexicano.
- El caso de la película Emilia Pérez: Ejemplifica cómo la cultura pop trivializa el sufrimiento y las realidades de la violencia en México, perpetuando estereotipos y narrativas erróneas.
- Impacto en políticas públicas: Estas narrativas influyen en decisiones que priorizan la militarización y el control, ignorando soluciones que aborden las causas estructurales de la violencia.
Militarización como respuesta inmediata
Clasificar a los cárteles como grupos terroristas podría justificar un enfoque aún más militarizado en las políticas de seguridad, lo que aumentaría la violencia en lugar de reducirla.
¿Por qué esta comparación es peligrosa para México?
El riesgo de perpetuar la violencia
- La militarización ha demostrado ser ineficaz para resolver problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que son caldo de cultivo para el crimen organizado.
- Este enfoque podría incrementar el costo humano de la violencia, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.
La relación funcional entre Estado y cárteles
A diferencia de los grupos terroristas, los cárteles no buscan destruir al Estado, sino coexistir con él. Esto se manifiesta en prácticas como:
- La corrupción de funcionarios para facilitar sus operaciones.
- La captura de instituciones clave que les permiten operar con impunidad.
Soluciones más allá de la militarización
1. Fortalecer el Estado de derecho
La impunidad es uno de los principales motores de la violencia en México. Reformar el sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia son pasos fundamentales.
2. Invertir en desarrollo social
El crimen organizado prospera en contextos de desigualdad y falta de oportunidades. Políticas que mejoren el acceso a la educación, salud y empleo son esenciales para reducir la base social del narcotráfico.
3. Cooperación internacional basada en entendimiento
En lugar de imponer políticas simplistas, es necesario que los socios internacionales, como Estados Unidos, comprendan las complejidades del problema y trabajen en estrategias conjuntas que aborden las causas de fondo.
La importancia de comprender el contexto
El debate sobre si los cárteles mexicanos son terroristas revela una desconexión entre las narrativas internacionales y la realidad local. Más allá de la retórica, es urgente replantear las políticas de seguridad desde un enfoque integral que considere las raíces sociales, económicas y políticas de la violencia.
Las decisiones basadas en errores conceptuales no solo perpetúan la crisis, sino que también alejan a México de un futuro en el que el Estado de derecho y la seguridad sean una realidad para todos.
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