El costo oculto del huachicol: una herida que no cicatriza
Desde 2014, Petróleos Mexicanos ha librado una batalla silenciosa contra el robo de combustible. Lo que comenzó como un problema focalizado en ciertas regiones se transformó en una crisis nacional que devora recursos, infraestructura y credibilidad.
En once años, Pemex ha desembolsado más de 6 mil millones de pesos solo en reparar ductos perforados por el crimen organizado. Este gasto no incluye las pérdidas por el combustible robado ni el impacto ambiental que cada fuga deja sobre la tierra y los cuerpos de agua.
El robo de hidrocarburos no solo perfora el acero de los ductos: también erosiona la economía del país.
El punto más caro: 2023, el año más costoso para Pemex
A pesar de la llamada “estrategia antihuachicol” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 2023 marcó un récord histórico en gastos de reparación, con 787 millones de pesos destinados únicamente a tapar las heridas que deja el crimen.
Ese año, los ductos del Bajío, Hidalgo y Puebla fueron escenario de miles de intervenciones de emergencia. Cada toma clandestina representa una operación compleja que requiere sellado, limpieza y reforzamiento, sin contar las pérdidas por producción detenida.
Aunque la narrativa oficial celebraba una reducción en las tomas, las cifras de mantenimiento contaban otra historia: una empresa que sigue sangrando millones en su intento por mantenerse de pie.
Hidalgo, Jalisco y Guanajuato: el triángulo del huachicol
Entre enero y julio de 2025, Pemex registró 5 mil 400 tomas clandestinas en su red de ductos. Hidalgo, Jalisco y Guanajuato se consolidaron como el epicentro del robo de combustible.
Hidalgo lidera la lista con mil 458 perforaciones en apenas siete meses. En el municipio de Cuautepec de Hinojosa, las tomas clandestinas forman parte del paisaje rural: detrás de los sembradíos, bajo los caminos, la red paralela del huachicol late como un sistema económico alterno.
En Jalisco, el municipio de Degollado encabeza las estadísticas nacionales con 456 tomas, seguido de Guanajuato con 517 casos reportados. En Tamaulipas, con 348 incidentes, la situación tampoco da tregua.
El patrón es claro: donde hay pobreza, desempleo y crimen organizado, el huachicol encuentra terreno fértil.
Una estrategia que no logra sellar la fuga
Aunque Pemex asegura haber reforzado su vigilancia con apoyo militar y tecnológico, el robo de combustible se ha convertido en una industria paralela que evoluciona al ritmo de la tecnología.
Las bandas que perforan ductos utilizan equipos sofisticados y rutas bien estudiadas. Cuando Pemex clausura una toma, a los pocos días aparece otra a escasos metros. La lucha se asemeja a un juego interminable de resistencia.
Fuentes internas de la empresa reconocen que las “reparaciones” son, en muchos casos, paliativos temporales. El personal instala capuchones de soldadura en las tomas herméticas, pero la reparación permanente suele demorarse por falta de presupuesto o por la saturación de incidentes en curso.
El impacto invisible: economía, medio ambiente y vidas humanas
Más allá de los millones perdidos, el huachicol deja un saldo invisible de tragedias humanas. Explosiones, fugas y derrames han cobrado vidas de trabajadores, militares y pobladores que viven cerca de los ductos.
El daño ambiental es devastador: cada toma clandestina puede liberar miles de litros de gasolina o diésel al subsuelo, contaminando mantos acuíferos y destruyendo cosechas.
A nivel económico, la afectación se traduce en menores ingresos para el Estado, aumento del riesgo energético y un lastre financiero que impide a Pemex destinar recursos a exploración o energías limpias.
2025: un futuro incierto y un problema estructural
Para el primer semestre de 2025, los gastos de reparación ya superan los 337 millones de pesos, una cifra que sugiere que el año cerrará nuevamente con pérdidas millonarias.
Aunque hay una ligera disminución respecto a 2023, los resultados son apenas una pausa en una tendencia de más de una década. El huachicol no se ha frenado: se ha adaptado.
Pemex continúa su lucha con recursos limitados y una estructura burocrática pesada. El desafío ya no es solo técnico, sino moral y político: ¿cómo curar una herida que el país parece haber normalizado?
