En la bahía Soliman, Tulum, el proyecto inmobiliario Adamar, un conjunto habitacional de 24 departamentos y penthouses, enfrenta una orden judicial que podría marcar un antes y un después en la defensa del medio ambiente en México.
El juzgado federal ordenó a la Profepa garantizar la demolición de la construcción y la restauración del ecosistema afectado, tras un amparo promovido por la Asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
«El ambiente sano es un derecho de todos»
Mónica Huerta, representante de DMAS, explicó que este fallo es relevante porque refuerza los principios internacionales de protección ambiental:
“El fallo reafirma que el derecho a un ambiente sano debe ser protegido con acciones inmediatas… Profepa debe vigilar que se derrumbe esta construcción”, señaló.
Este caso abre la posibilidad de que otros ciudadanos y organizaciones interpongan amparos para defender ecosistemas, respaldados por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre interés colectivo.
Los siguientes pasos en el caso Adamar
- La sentencia se conoció el 15 de agosto y cuenta con un plazo de 10 días hábiles para que las autoridades responsables, en este caso Profepa, interpongan un recurso.
- Si no lo hacen, la resolución quedará firme y deberán ejecutar la demolición y restauración.
- Una vez firme, Profepa contará con 35 días hábiles para cumplir con la restauración ambiental ordenada por el juzgado.
Huerta subrayó que además deben considerarse otros puntos como:
- Verificar el cobro coactivo de la multa impuesta si no fue impugnada.
- Dar seguimiento al estado procesal de la querella ante el Ministerio Público Federal.
- Vigilar de oficio que las medidas de restauración se cumplan efectivamente.
Un fallo con impacto en el futuro de Tulum
La bahía Soliman, en la zona de Tankah, es un área de gran riqueza ambiental y biodiversidad que ha estado bajo presión por desarrollos inmobiliarios.
El fallo en contra de Adamar no solo protege este ecosistema, sino que sienta un precedente para que Tulum y otras regiones de Quintana Roo refuercen la defensa ambiental frente a la expansión turística e inmobiliaria.
“Este fallo nos recuerda que el medioambiente es un derecho de todos y una obligación del Estado garantizarlo para las futuras generaciones”, recalcó DMAS.
TE PODRÍA INTERESAR