El pasado 3 de diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aclaró que el operativo realizado en la plaza Izazaga 89 no estuvo dirigido contra productos de origen chino, sino contra delitos relacionados con mercancía pirata. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para combatir el contrabando y garantizar la legalidad en la capital del país.
¿Qué sucedió en Izazaga 89?
El operativo resultó en la incautación de más de 260 mil piezas de mercancía que habían ingresado al país de forma ilegal. Según Brugada, este tipo de acciones se intensificarán para frenar la comercialización de productos apócrifos y recuperar espacios públicos.
“No se trata de una acción contra productos chinos. Es un tema de legalidad y de combatir delitos, no de discriminación”, afirmó Brugada.
La operación fue coordinada con varias instituciones, incluyendo la Secretaría de Economía y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de supervisar tanto la legalidad de la mercancía como el cumplimiento de las normativas urbanísticas del inmueble.
Motivos detrás de la clausura
La plaza fue clausurada por diversas irregularidades detectadas por el INVEA y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Entre ellas, la falta de permisos para unir los dos predios que conforman Izazaga 89.
“El INVEA suspendió las actividades del lugar al constatar que no existían permisos para la unión de los inmuebles”, explicó César Cravioto, secretario de Gobierno.
El impacto del contrabando en la economía local
El contrabando representa un reto importante para la Ciudad de México, no solo por la pérdida económica que implica, sino también por los riesgos asociados al uso de espacios que no cumplen con normas de seguridad. Clara Brugada subrayó que el objetivo es combatir estas prácticas sin caer en actitudes xenófobas o discriminatorias.
Este operativo se enmarca dentro de una política de “cero tolerancia a la piratería”, y se espera que se replique en otras plazas y mercados conocidos por la venta de productos ilegales.
Extinción de dominio: un paso decisivo
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también destacó que ya se presentó una denuncia ante la FGR para aplicar la extinción de dominio en Izazaga 89. Esta medida busca que los propietarios de la plaza pierdan sus derechos sobre el inmueble al comprobarse que facilitaban actividades ilegales.
Según la Ley Nacional de Extinción de Dominio, esta acción procede de manera independiente de quién tenga los bienes en su poder, lo que refuerza el mensaje de que no habrá concesiones frente al contrabando.
Un precedente en la lucha contra la ilegalidad
El caso de Izazaga 89 podría sentar un precedente importante en la Ciudad de México. La coordinación entre niveles de gobierno y la implementación de medidas legales contundentes envían un mensaje claro: el combate a la ilegalidad es una prioridad en la administración de Clara Brugada.
Mientras tanto, las autoridades trabajan en el diseño de estrategias que permitan mantener un equilibrio entre la legalidad, la recuperación de espacios públicos y el respeto por la diversidad cultural y comercial de la ciudad.
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