El reciente linchamiento de un joven en Comalcalco, Tabasco, ha generado una enérgica condena por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Este trágico suceso pone de relieve una problemática creciente en México: la justicia por propia mano.
El suceso en Comalcalco
En la madrugada del pasado lunes, un joven fue brutalmente golpeado por un grupo de personas que lo acusaban de haber ingresado a una vivienda para robar. Videos difundidos en redes sociales muestran al joven agonizando en el suelo mientras es agredido por una multitud enfurecida. A pesar de la presencia de policías municipales que intentaron intervenir, no se logró evitar el fatal desenlace.
Reacción de la ONU-DH
A través de su cuenta en X, la ONU-DH expresó: «Condenamos el linchamiento ocurrido en Comalcalco, #Tabasco. Nada justifica privar de la vida a una persona por la presunta comisión de un delito. Linchar es un acto de brutalidad, no de justicia. Las autoridades deben garantizar la seguridad e investigar eficazmente los delitos».
El fenómeno de los linchamientos en México
Los linchamientos no son eventos aislados en el país. Según datos de la organización Causa en Común, entre 2020 y marzo de 2024 se registraron al menos 968 linchamientos e intentos de linchamiento en México, con un promedio anual de 234 casos. Las entidades con mayor incidencia incluyen Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo, concentrando el 40.7% de estos actos.
Causas subyacentes
Especialistas señalan que factores como la desconfianza en las autoridades, la impunidad y la falta de respuesta efectiva ante la delincuencia contribuyen al incremento de estos actos de violencia colectiva. David Saucedo, experto en seguridad, afirma: «Existe una ausencia notable de cuerpos de seguridad pública y un deficiente esquema de procuración. Normalmente hay pocas detenciones en varios ilícitos, como en el caso de los linchamientos».
Llamado a la acción
La ONU-DH y diversas organizaciones de derechos humanos instan a las autoridades mexicanas a fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, garantizando investigaciones eficaces y protegiendo los derechos humanos. Es imperativo que se implementen estrategias integrales para prevenir futuros linchamientos y restaurar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho.
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