La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha activado un procedimiento sin precedentes contra México, enfocado en la problemática de las desapariciones forzadas. Este mecanismo, impulsado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), busca determinar si las desapariciones en el país son generalizadas o sistemáticas. La medida ha generado un fuerte debate político y social, mientras el gobierno mexicano defiende sus políticas de prevención y sanción.
¿Qué motivó la acción del Comité contra la Desaparición Forzada?
El CED, encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ha recabado indicios que sugieren que estas prácticas podrían ser sistemáticas en México.
El artículo 34 de la Convención permite al Comité solicitar información al Estado sobre las medidas implementadas para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas. Además, se contempla la posibilidad de realizar visitas al territorio nacional, con el objetivo de llevar a cabo investigaciones directas y evaluar la situación de manera más profunda.
Posibles consecuencias para México ante la ONU
Si el Comité considera que las medidas del Estado no son efectivas, podría presentar la situación ante la Asamblea General de la ONU. Este escenario pondría a México bajo un escrutinio internacional más intenso y podría presionar para reforzar las políticas de prevención, investigación y sanción de desapariciones.
Reacción del Gobierno mexicano
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado rechazando las afirmaciones del CED. Según la dependencia, la desaparición de personas es un delito grave que se combate mediante políticas de Estado fundamentadas en prevención, investigación y sanción. La SRE calificó los señalamientos como “carecen de sustento y no son admisibles”, subrayando la postura de México frente al procedimiento internacional.
Impacto social y político
El mecanismo activado por la ONU ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, familias de víctimas y sectores de la sociedad civil. Se espera que el seguimiento internacional impulse la transparencia en la investigación de casos de desaparición, así como la implementación de medidas más efectivas para proteger a los ciudadanos y sancionar a los responsables.
La activación del procedimiento inédito por parte de la ONU coloca a México en el centro del escrutinio internacional sobre derechos humanos. Mientras el gobierno defiende su estrategia nacional, la presión global podría transformar la manera en que se previenen y sancionan las desapariciones forzadas en el país.
