México bajo presión internacional por informe de desapariciones
Decenas de organizaciones civiles, activistas y familiares de personas desaparecidas señalaron que el gobierno mexicano debía remitir este jueves a la Organización de Naciones Unidas (ONU) el informe solicitado sobre desapariciones generalizadas o sistemáticas en el país, un documento clave para dar seguimiento al cumplimiento de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Contenido y exigencias del informe
Según los colectivos, el informe que México debía entregar al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) debe contener propuestas concretas para erradicar las causas profundas de las desapariciones, garantizar la verdad, impartir justicia, reparar a las víctimas, detener la impunidad y establecer mecanismos efectivos de identificación de cuerpos y fragmentos óseos, así como asegurar el regreso digno de las personas desaparecidas a sus familias.
Contexto de la problemática en México
El CED ha dado seguimiento a esta problemática desde 2012 y, a partir de 2015, concluyó que existe una situación generalizada de desapariciones en diversas regiones del país, con niveles alarmantes de impunidad. Entre enero de 2006 y septiembre pasado, se reportan más de 133 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de fragmentos óseos acumulados en instalaciones gubernamentales. A pesar de ello, solo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025.
Informe paralelo y solicitud de mecanismo internacional
Ante la omisión del Estado, los colectivos elaboraron un informe paralelo al comité, aportando indicios “bien fundados” de desaparición sistemática y generalizada. Este documento propone la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento que apoye a México en determinar causas, establecer programas nacionales de prevención, procesar a responsables, reparar a víctimas y buscar e identificar a las personas desaparecidas y fragmentos acumulados en los servicios forenses del país.
Reacciones y presión sobre el Estado
El CED inició el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones, generando una reacción muy agresiva por parte del gobierno mexicano, según denunciaron los colectivos. Sin embargo, estos señalaron que la situación representa una oportunidad para implementar medidas efectivas de protección y evitar más desapariciones forzadas en el país.
Participación de organizaciones y familiares
El comunicado fue firmado por 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, 129 familiares de personas desaparecidas y 50 personas solidarias, destacando H.I.J.O.S. México, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Las organizaciones insisten en que la entrega del informe es un paso clave para garantizar la verdad y la justicia frente a una crisis humanitaria de gran magnitud.
Desafíos pendientes
A pesar de los esfuerzos internacionales y de los colectivos, la identificación de cuerpos y la reparación de daños sigue siendo limitada, y la impunidad prevalece como un factor que alimenta la desconfianza en las instituciones. Los familiares continúan exigiendo que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y promueva políticas públicas efectivas de prevención, protección y justicia para todas las víctimas de desapariciones forzadas en México.
