La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió a las acusaciones de revanchismo en el caso Next Energy, asegurando que la acción legal contra un ejecutivo no es una «persecución política», sino un esfuerzo legítimo para combatir la corrupción y recuperar recursos públicos.
En medio de una creciente controversia política, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha salido a defender la actuación de su gobierno en el sonado caso de la planta fotovoltaica Next Energy. La mandataria rechazó categóricamente que la reciente vinculación a proceso de Nabor Medina, un ejecutivo relacionado con el proyecto, sea un acto de revancha o persecución política.
«Es recuperación de recursos, no venganza», afirmó la gobernadora, estableciendo la postura oficial de su administración frente a un caso que ha generado un intenso debate sobre la línea que divide la lucha contra la corrupción y el uso de la justicia con fines políticos.
El origen del conflicto: El contrato de Next Energy
El caso se centra en un contrato multimillonario firmado por la administración estatal anterior para la construcción y operación de una planta de energía fotovoltaica. El gobierno de Marina del Pilar canceló dicho contrato poco después de asumir el poder, argumentando que era financieramente perjudicial para el estado y que estaba plagado de irregularidades.
Desde entonces, se ha librado una batalla legal y mediática. La administración actual sostiene que el contrato era un acto de corrupción que comprometía las finanzas públicas por décadas, mientras que los defensores del proyecto y la oposición política han acusado al gobierno de Morena de cancelar una iniciativa de energía limpia por motivos ideológicos y de emprender una «caza de brujas».
La defensa de la gobernadora: «Combatir la corrupción»
La vinculación a proceso de Nabor Medina por su presunta participación en las irregularidades del contrato ha intensificado el debate. Ante esto, la gobernadora Marina del Pilar ha sido enfática en su defensa.
«Marina del Pilar rechaza persecución política en caso Next Energy: ‘Es recuperación de recursos, no venganza'» – La declaración central de la gobernadora, que busca enmarcar la acción judicial como un acto de justicia y no de revanchismo.
Según la mandataria, el objetivo de su gobierno es claro: recuperar los recursos públicos que, asegura, fueron comprometidos de manera indebida y garantizar que no haya impunidad en actos que dañaron el patrimonio de los bajacalifornianos. Insiste en que el proceso legal se está llevando a cabo con apego a derecho y que su única motivación es la rendición de cuentas.
La otra cara de la moneda: acusaciones de revanchismo
Por otro lado, los críticos de la gobernadora y la oposición sostienen que el caso Next Energy se ha convertido en una herramienta política para atacar a la administración anterior y a sus figuras. Argumentan que la cancelación del proyecto fue una decisión precipitada que privó a Baja California de una importante fuente de energía renovable y que las acciones legales subsecuentes tienen una motivación más política que jurídica.
Este choque de narrativas coloca a la opinión pública en el centro de un complejo debate sobre la justicia, la política y la lucha contra la corrupción en Baja California. Mientras el proceso legal contra los implicados en el caso Next Energy avanza, la discusión sobre las verdaderas intenciones detrás de estas acciones seguramente continuará.
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