La llegada de Nestora Salgado como Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dejado más preguntas que respuestas. Su incorporación oficial el 6 de enero estuvo marcada por una entrada que no pasó desapercibida: rodeada de un séquito que cargaba hasta los objetos más mínimos, dejó claro que su estilo de liderazgo será peculiar.
Uno de los primeros cambios en su equipo fue la decisión de no usar el reloj checador, algo que, según ella, «el cargo lo amerita». Además, estableció una jornada laboral limitada a cuatro días a la semana, reservando los fines de semana para viajar a su natal Olinalá, Guerrero. Sin embargo, lo que más ha molestado al personal de la Tercera Visitaduría es la creación de una plaza exclusiva para su asistente personal.
De promesas políticas a resultados cuestionables
Nestora Salgado llegó al Senado en 2018 como representante de Morena, con la promesa de trabajar por Guerrero y su gente. No obstante, su desempeño como legisladora dejó mucho que desear. Olinalá, su tierra natal, sigue enfrentando altos índices de inseguridad, analfabetismo y carencias en salud y servicios básicos.
Ahora, como Tercera Visitadora de la CNDH, su papel será investigar violaciones de derechos humanos en centros penitenciarios, un área que requiere compromiso total. ¿Qué se puede esperar de alguien que prioriza fines de semana personales sobre una agenda que involucra casos críticos?
La CNDH en crisis: entre el descrédito y la inacción
La llegada de Salgado no es el único desafío para la CNDH. La institución lleva años luchando contra una percepción pública de ineficacia y politización. Las críticas hacia su liderazgo actual no hacen más que profundizar el descrédito.
La asignación de un puesto clave como la Tercera Visitaduría a una figura controversial como Nestora Salgado podría ser el clavo final en el ataúd de la confianza ciudadana hacia esta institución.
Reflexión: los derechos humanos no son privilegios
El nombramiento de Nestora Salgado pone en la mesa una reflexión más amplia: ¿hasta qué punto las instituciones clave pueden soportar decisiones que privilegian intereses personales sobre el compromiso con los derechos humanos? Mientras tanto, las víctimas y los ciudadanos seguimos esperando que alguien realmente haga su trabajo.
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