La prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una de las políticas más controvertidas del sistema de justicia en México. Esta figura, que permite encarcelar a una persona acusada de ciertos delitos sin que haya sido juzgada, ha sido señalada por organismos internacionales y especialistas como una violación flagrante de los derechos humanos.
Aunque sus defensores, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentan que esta medida combate la impunidad, los datos y casos emblemáticos revelan una realidad muy diferente: la prisión preventiva oficiosa perpetúa un sistema que castiga la pobreza y socava la presunción de inocencia.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa implica que una persona acusada de ciertos delitos sea encarcelada automáticamente durante su proceso judicial, sin que se haya demostrado su culpabilidad.
Impactos clave:
- Violación de la presunción de inocencia.
- Crisis de sobrepoblación carcelaria.
- Castigo anticipado sin sentencia.
A diferencia de otros países como Alemania o Canadá, donde esta medida es excepcional, en México su aplicación es generalizada, lo que agrava problemas estructurales en el sistema penitenciario.
El lado oscuro de la prisión preventiva en México
La prisión preventiva oficiosa no solo genera injusticias individuales, sino que también perpetúa un sistema penal que favorece el populismo punitivo. Según datos de 2022, más del 40% de las personas encarceladas en México no tienen una sentencia, lo que significa que muchas están privadas de su libertad sin un juicio justo.
Casos emblemáticos:
- Daniel García y Reyes Alpízar: 17 años presos sin sentencia. Estos casos han sido señalados por la ONU como ejemplos del abuso de esta figura.
- Población vulnerable: La mayoría de las personas en prisión preventiva provienen de contextos de pobreza, donde no tienen recursos para defenderse adecuadamente.
¿Populismo punitivo o solución a la impunidad?
El gobierno de México, tanto en la administración de López Obrador como ahora bajo Sheinbaum, ha defendido la prisión preventiva oficiosa como una herramienta contra la impunidad. Sin embargo, México sigue ocupando el cuarto lugar mundial en impunidad, lo que demuestra que esta medida no resuelve el problema de fondo.
Los críticos señalan que, más que una solución efectiva, esta política responde a una estrategia de populismo punitivo:
- Busca satisfacer demandas sociales de justicia rápida.
- Ignora los principios fundamentales del debido proceso.
- Refuerza un sistema que castiga la pobreza y protege a los poderosos.
Comparación internacional: ¿cómo se maneja la prisión preventiva?
En países como Alemania y Canadá, la prisión preventiva es una medida excepcional, aplicada solo cuando existen riesgos comprobables de fuga o peligro para la sociedad.
En contraste, en México:
- La decisión de encarcelar no está basada en evidencias claras, sino en el catálogo de delitos establecidos por el Congreso.
- No se evalúan individualmente los casos, lo que resulta en detenciones arbitrarias.
- La medida agrava la crisis de derechos humanos en el sistema penitenciario.
Claudia Sheinbaum y la oportunidad perdida
Como presidenta, Claudia Sheinbaum tenía la oportunidad de impulsar una reforma progresista que eliminara o limitara la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, al respaldar su ampliación, perdió la posibilidad de marcar distancia respecto al modelo de justicia heredado de López Obrador.
“El que haya prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión”, declaró Sheinbaum.
Estas palabras contrastan con la realidad de miles de personas que, sin pruebas suficientes en su contra, enfrentan años de prisión preventiva mientras esperan una sentencia.
El futuro del sistema de justicia en México
La prisión preventiva oficiosa es un síntoma de un sistema penal que prioriza el castigo sobre la justicia. Reformar esta figura no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Propuestas clave para un cambio necesario:
- Eliminar la obligatoriedad: Permitir que los jueces evalúen cada caso de manera individual.
- Fortalecer el sistema judicial: Garantizar procesos más rápidos y eficaces.
- Reducir el catálogo de delitos: Restringir la prisión preventiva a casos excepcionales de alto riesgo.
Conclusión: justicia pendiente
La prisión preventiva oficiosa no es sinónimo de justicia; es un reflejo de las carencias estructurales del sistema judicial en México. En lugar de proteger a la sociedad, perpetúa un sistema que vulnera los derechos de los más vulnerables, agrava la crisis penitenciaria y desacredita los principios fundamentales de un estado de derecho.
Es hora de que México avance hacia un modelo de justicia que priorice la presunción de inocencia, la eficiencia procesal y el respeto a los derechos humanos, dejando atrás políticas que privilegian el populismo sobre la verdadera justicia.
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