La escalada de violencia en México ha llevado a muchos a cuestionarse: ¿estamos presenciando un cambio en las tácticas de los cárteles hacia el narcoterrorismo? La decapitación de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, y los recientes ataques con coches bomba y drones en estados como Guerrero y Guanajuato han reavivado este debate.
Mientras figuras públicas como Adrián LeBarón solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue estos eventos como actos de terrorismo, periodistas y expertos señalan que el fenómeno podría no ajustarse al concepto estricto de terrorismo. Esta narrativa está marcada por análisis de especialistas como Óscar Balderas, quien sostiene que los grupos criminales buscan, principalmente, maximizar ganancias sin el objetivo de tomar el poder político.
¿Es narcoterrorismo? El debate de fondo
El pasado 6 de octubre, la decapitación del alcalde de Chilpancingo y, semanas después, la detonación de dos coches bomba en Guerrero hicieron que el término “narcoterrorismo” resonara en la opinión pública.
A estos eventos se suman los ataques con drones explosivos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y facciones del Cártel de Sinaloa, una situación que ha escalado la violencia en zonas donde la población se siente vulnerable ante estos grupos armados. Sin embargo, Óscar Balderas, periodista especializado en crimen organizado, asegura que definir estos actos como terrorismo tiene consecuencias políticas profundas.
Balderas subraya que en México, etiquetar estos eventos como terrorismo abriría las puertas a una intervención de gobiernos extranjeros bajo el argumento de seguridad nacional. Esto, a su juicio, sería algo que la administración actual no desea, lo que explicaría por qué el gobierno mexicano evita catalogar estos eventos de violencia extrema como actos terroristas.
La definición de terrorismo varía entre países, organizaciones y códigos penales; sin embargo, un factor común es que el terrorismo utiliza la violencia con el objetivo de establecer un control ideológico, político o religioso. Aquí radica la diferencia clave que, según Balderas, distingue al crimen organizado mexicano de los grupos terroristas.
Cárteles como empresas: maximizar ganancias, minimizar riesgos
En contraste con grupos como el Estado Islámico que buscan instaurar un califato, los cárteles mexicanos no muestran interés en dominar el aparato gubernamental:
«A ‘El Chapo’ nunca le interesó ser gobernador ni a ‘El Mencho’ le interesa ser presidente de México», sostiene Balderas. El periodista explica que el objetivo del CJNG y otros cárteles es mantener sus negocios ilícitos en funcionamiento sin interferencias mayores, lo que implica la necesidad de un Estado “fuerte” pero controlable.
El uso de la violencia en México parece estar dirigido a proteger los negocios de los cárteles. Ejemplo de esto es la infraestructura estratégica que estos grupos preservan para su propio beneficio, como puertos o aeropuertos que permiten la llegada de droga y precursores químicos desde Sudamérica y Asia. Según Balderas, los cárteles no tienen incentivos para atacar la infraestructura que ellos mismos necesitan, sino que prefieren que las instituciones del Estado funcionen para asegurar su logística y comercio ilegal.
Narcoterrorismo y el papel de los caballeros templarios
A pesar de que la mayoría de los cárteles no buscan el poder político, Balderas señala una excepción notable: Los Caballeros Templarios. Este grupo criminal, fundado en 2011 en Michoacán bajo el liderazgo de Nazario Moreno, “El Más Loco”, utilizaba símbolos religiosos y promovía la idea de una “misión divina” para justificar sus actividades. Aunque se dedicaban a actividades típicas del crimen organizado como el tráfico de drogas y la extorsión, su ideología y culto a la personalidad los acercaban al perfil de una organización terrorista.
El caso de Los Caballeros Templarios es un recordatorio de que la línea entre crimen organizado y terrorismo puede ser borrosa. Sin embargo, para la administración actual, este grupo es la excepción, y los cárteles restantes, como el CJNG o el Cártel de Sinaloa, buscan únicamente el lucro y no el cambio político. Esta diferencia ha sido clave para que el gobierno mexicano rechace la catalogación de estos actos de violencia como terrorismo.
La postura oficial y la respuesta ante los actos de violencia
Recientemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que estos actos de violencia no pueden catalogarse como terrorismo. En su visión, aunque estos ataques sean alarmantes, la naturaleza de las organizaciones detrás de ellos no busca la destrucción del Estado, sino un modus vivendi que les permita operar con un nivel de impunidad aceptable. Sheinbaum enfatizó que su gobierno trabaja activamente para reducir la violencia, pero insiste en que calificar estos actos como terrorismo tendría repercusiones políticas y diplomáticas complejas.
La pregunta que surge es si las acciones de los cárteles podrían considerarse narcoterrorismo en el sentido práctico del término. Los ataques a funcionarios, civiles y la brutalidad utilizada en ciertas regiones no pueden pasar desapercibidos, y los recientes incidentes plantean interrogantes sobre el camino que tomarán las políticas de seguridad en México. Mientras tanto, el gobierno parece continuar en su estrategia de contención y combate al crimen, evitando etiquetar a los cárteles como grupos terroristas, lo que mantendría la soberanía de la nación en sus acciones de seguridad.
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