El gobierno de México mantiene conversaciones con la empresa estadounidense Vulcan Materials para alcanzar un acuerdo en torno al conflicto por la mina Calica, ubicada en Quintana Roo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La mandataria explicó que estas pláticas se desarrollan en paralelo a un proceso de arbitraje internacional iniciado por la compañía, tras la decisión del gobierno mexicano de declarar como Área Natural Protegida los terrenos donde operaba el proyecto extractivo.
El tema cobró relevancia luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara una ley para proteger la propiedad de empresas estadounidenses en el extranjero. Sin embargo, Sheinbaum descartó que esta medida tenga efectos directos en el caso mexicano.
“No tendría ningún impacto porque no hubo una expropiación”, señaló la presidenta. Explicó que la legislación estadounidense está enfocada en casos donde sí existe una expropiación de activos, lo cual, dijo, no aplica en la situación de Calica.
El origen del conflicto
El conflicto entre México y Vulcan Materials tiene como origen la operación de la mina Calica, un proyecto de extracción de material pétreo a gran escala en el municipio de Playa del Carmen. Durante años, la explotación generó señalamientos por su impacto ambiental en selva y acuíferos de la región.
En 2022, el gobierno federal decretó la zona como Área Natural Protegida, argumentando que existía una sobreexplotación por encima de lo autorizado en materia ambiental. A partir de esa decisión, la empresa detuvo sus operaciones en el sitio y posteriormente inició acciones legales internacionales.
Sheinbaum reiteró que el objetivo del decreto fue proteger un ecosistema considerado estratégico para la región. “Es una zona de selva que había que proteger”, afirmó, al subrayar que la medida respondió a criterios ambientales.
Buscan una salida conveniente
Actualmente, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía y con la participación de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, mantiene negociaciones con la empresa para encontrar una salida al conflicto.
Entre las opciones que se analizan está la posibilidad de evaluar otras zonas donde la empresa pudiera operar, siempre bajo revisión ambiental, o bien definir mecanismos alternativos que permitan evitar la controversia legal.
La presidenta indicó que el puerto concesionado a la empresa no se encuentra en operación actualmente, lo que forma parte de los elementos en discusión dentro de las negociaciones.
Aunque evitó detallar el estado específico de las conversaciones, Sheinbaum expresó confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a México como a la empresa.
“Hay una serie de peticiones que están haciendo ellos y estamos viendo si es factible llegar a un acuerdo y yo espero que sí, que se pueda concretar un acuerdo benéfico para México, para Quintana Roo, para el medio ambiente y también para ellos.
“No quisiera yo avanzar en detalles, son pláticas que se están llevando a cabo, no quisiera hacer público exactamente en qué estado están las pláticas, pero sí hay pláticas y buscamos que podamos concretar un acuerdo”, dijo.
En caso de no lograrse un entendimiento, la mandataria recordó que existen vías jurídicas para continuar con la resolución del conflicto en instancias internacionales.
Por ahora, el gobierno federal mantiene abierta la vía del diálogo, con el objetivo de equilibrar la protección ambiental con la resolución del litigio empresarial.
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