Policías ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron este viernes al secretario general de la CTM en Quintana Roo, José Isidro “N”, por su probable participación en el homicidio calificado de un hombre ocurrido el 17 de julio de 2018.
La captura se realizó mediante una orden de aprehensión vigente, justo cuando el dirigente sindical ingresaba a los juzgados federales en la Supermanzana 50 para una diligencia relacionada con un proceso federal por trata de personas, por el que estuvo preso más de tres años.
La FGE informó que el detenido es investigado por un crimen vinculado al presunto robo de dinero, alhajas y relojes de alta gama, ocurrido dentro de las oficinas del sindicato. De acuerdo con las indagatorias, el propio líder habría responsabilizado a la víctima por ese hurto. En un comunicado, la Fiscalía sostuvo que actúa “en estricto apego a la ley” y reiteró su compromiso de “cero impunidad”.
Durante la diligencia en la sede del Poder Judicial Federal, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la orden de captura sin incidentes. El organismo recordó que la orden permanecía activa desde 2018 debido al resultado de diversas actuaciones ministeriales que apuntan a la participación del dirigente en los hechos.
Avances y controversias en el caso de homicidio
Este caso ha concentrado atención pública desde el asesinato de Luis Fernando Peón Cardin, ex trabajador cetemista que desapareció tras recibir una llamada en la que, según su familia, le indicaron que debía presentarse de inmediato en las oficinas del sindicato. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado con huellas de tortura en la carretera Cancún–Puerto Morelos.
Colectivos de búsqueda han acompañado la exigencia de justicia para la familia, que insiste en que el crimen permaneció estancado durante años pese a los señalamientos iniciales. Con la detención de José Isidro “N”, el caso vuelve a avanzar hacia una audiencia clave en la que el Juez de Control determinará su situación jurídica.
Tras su captura, el líder cetemista quedó a disposición del Juez de Control, quien definirá las medidas legales correspondientes en el plazo marcado por la ley.
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