Diputados aprueban la nueva Ley de la Guardia Nacional, transfiriendo su control total a la SEDENA y otorgándole facultades de vigilancia. Descubre por qué te importa.
En una decisión que redefine la seguridad pública en México, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional, transfiriendo su control total, operativo y administrativo, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y otorgándole controvertidas facultades de vigilancia.
Con una votación de 351 a favor y 124 en contra, el pleno de San Lázaro dio luz verde a una de las reformas más trascendentales del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva legislación, que ahora pasa al Senado para su análisis y posible ratificación, formaliza un cambio fundamental en la naturaleza de la corporación, consolidando su carácter militar y abriendo un profundo debate sobre la militarización, los derechos civiles y el poder del Estado.
¿Qué cambia? De civil a militar, el corazón de la reforma
El cambio más significativo de la nueva ley es la subordinación total de la Guardia Nacional (GN) a la estructura castrense. Originalmente concebida como un cuerpo de seguridad civil adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la GN ahora se integrará plenamente en la SEDENA.
Esto implica que:
- El control operativo y administrativo recae en la SEDENA.
- El mando de la GN será ejercido por un General de División del Ejército, designado por el Presidente a propuesta del Secretario de la Defensa.
- El personal de la GN, aunque pueda incluir civiles, estará sujeto a un régimen de confianza y podrá ser reasignado a otros cuerpos de las Fuerzas Armadas, borrando la distinción entre las funciones policiales y las militares.
Nuevas facultades: Vigilancia y espionaje en la era digital
La reforma no solo modifica la estructura de mando, sino que expande drásticamente las capacidades de la corporación, otorgándole un arsenal de herramientas de inteligencia que han encendido las alarmas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos. Entre las nuevas funciones se encuentran :
- Operaciones encubiertas para investigaciones.
- Intervención de comunicaciones privadas, sujeta a autorización judicial.
- Geolocalización de personas y equipos de comunicación en tiempo real.
- Vigilancia del internet y de redes sociales para prevenir delitos.
- Uso de perfiles simulados en plataformas digitales para labores de investigación.
Estas facultades, argumenta el gobierno, son para privilegiar la inteligencia sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, para los críticos, representan un cheque en blanco para la vigilancia masiva.
«Una Ley Espía»: Oposición denuncia militarización y riesgos
Durante el intenso debate en la Cámara de Diputados, legisladores de los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) calificaron la reforma como una «profundización de la militarización» y una «ley espía». La principal preocupación es que se está consolidando un modelo de seguridad centrado en las Fuerzas Armadas sin los contrapesos civiles necesarios.
«El Congreso aprobó la Ley de la Guardia Nacional que legaliza la vigilancia militar sin control judicial ni garantías para la ciudadanía. ARTICLE 19 y otras organizaciones rechazamos este retroceso grave para los derechos humanos», declaró la organización ARTICLE 19 México y Centroamérica.
Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia han señalado que la reforma es inconstitucional, pues el artículo 21 de la Constitución asigna el mando de la seguridad pública a una autoridad civil.
Más allá de la seguridad: Licencias para política y tareas ambientales
Uno de los puntos más polémicos y de mayor interés público es un artículo que permite a los integrantes de la Guardia Nacional solicitar licencias especiales para competir en procesos electorales o para ejercer funciones civiles ajenas a sus tareas militares. Esta disposición, que será autorizada por el Presidente o el Secretario de la Defensa, desdibuja aún más la separación entre el poder militar y el civil.
La ley también asigna a la GN nuevas responsabilidades en la protección del medio ambiente, como el combate a la tala ilegal y el tráfico de especies, una adición realizada durante la discusión en lo particular.
La aprobación de esta ley, junto con la reciente reforma para crear una CURP biométrica, sugiere una estrategia cohesiva para centralizar y fortalecer las herramientas de control del Estado. Mientras el gobierno defiende estas medidas como indispensables para garantizar la paz, la sociedad civil y la oposición advierten que México podría estar sacrificando libertades fundamentales en el proceso. La discusión final en el Senado será crucial para definir el futuro de la seguridad y los derechos en el país.
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