El gobierno de México está ejecutando una drástica reversión de la reforma energética de 2013, fortaleciendo a las estatales CFE y Pemex y marginando a la inversión privada, una jugada nacionalista que enciende las alarmas sobre el futuro del nearshoring y la competitividad del país.
Una batalla ideológica por el futuro económico de México se está librando en el sector energético. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, siguiendo la visión de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en marcha una serie de medidas para desmantelar la apertura del mercado energético lograda en 2013 y restaurar el control total del Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta política representa un choque frontal entre dos visiones de país: el modelo de mercado abierto que buscaba competencia e inversión extranjera, y un modelo nacionalista que ve la participación privada como una «amenaza a la soberanía de México».
Las claves de la contrarreforma
La nueva política energética se basa en tres acciones fundamentales que desmantelan el mercado competitivo creado hace más de una década:
- Fortalecimiento de las Empresas del Estado: La nueva regulación más contundente establece que al menos el 54% de la electricidad del país debe ser generada por la CFE. Esto relega a un segundo plano a los productores privados, sin importar si su energía es más barata o más limpia, como la solar o la eólica.
- Eliminación de Reguladores Autónomos: Se están disolviendo los organismos reguladores independientes del sector, y sus funciones se transfieren a secretarías de gobierno. Esta medida genera una profunda preocupación sobre la falta de supervisión imparcial y el riesgo de que las decisiones se tomen con criterios políticos en lugar de técnicos.
- Transición Energética Estatalizada: Aunque el gobierno expresa su apoyo a las energías renovables, las nuevas leyes dictan que la CFE, y no las empresas privadas, liderará esta transición. Esto crea un clima de incertidumbre regulatoria que podría frenar la innovación y la inversión privada en energías limpias.
El gran riesgo: ¿Adiós al «sueño» del nearshoring?
La apuesta del gobierno es arriesgada y llega en un momento crucial. Mientras México se posiciona como el destino ideal para el «nearshoring» —la relocalización de cadenas de suministro más cerca de Estados Unidos—, esta contrarreforma energética podría ser un tiro en el pie.
Las empresas globales que buscan instalarse en México, como las del sector automotriz o tecnológico, dependen de un suministro de energía confiable, competitivo en costos y, cada vez más, limpio. La incertidumbre regulatoria y la priorización de una empresa estatal potencialmente más cara e ineficiente podrían disuadir a futuras inversiones multimillonarias.
«El gobierno argumenta que restaurar el control estatal protege los recursos de México… sin embargo, eliminar la competencia y la transparencia conduce a ineficiencias, mayores costos y un suministro de energía poco confiable». – Análisis del Mises Institute.
La producción de crudo ya muestra signos preocupantes. Según datos de la Administración de Información Energética de EE.UU., la producción anual de México ha caído de 3.75 millones de barriles diarios en 2004 a solo 1.95 millones en 2024, una caída atribuida en parte a la falta de inversión y a las ineficiencias asociadas a la gestión estatal.
La pregunta que queda en el aire es si la defensa de la «soberanía» energética fortalecerá a la nación o si, por el contrario, ahuyentará el capital que podría impulsar a México a convertirse en la gran fábrica de América del Norte.
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