La reforma judicial en México sigue siendo uno de los temas más candentes en la agenda política del país. Recientemente, el juez federal Sergio Santamaría Chamú, titular del juzgado primero de distrito con sede en Morelia, Michoacán, rechazó la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para suspender las medidas cautelares que impedían la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este fallo, que tiene grandes implicaciones en el sistema judicial mexicano, marca un hito importante en la lucha entre los órganos de poder y las instituciones encargadas de supervisar los procesos electorales.
Contexto del caso
El conflicto se originó cuando la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUDEF) presentó un juicio de amparo en contra de la reforma judicial, una reforma que ha generado un gran debate en los últimos meses. El INE, en su rol de autoridad electoral, solicitó al juez la revocación de las medidas cautelares impuestas que impedían la elección de los jueces, magistrados y ministros en 2025. Sin embargo, el juez Santamaría Chamú decidió desestimar la solicitud, argumentando que las resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tienen efectos vinculantes para su órgano jurisdiccional en materia de amparo.
La posición del juez Santamaría Chamú
En su resolución, el juez explicó que la postura del INE de citar las resoluciones del TEPJF como «excusa» para incumplir las medidas cautelares no era válida. Según Santamaría Chamú, el INE no podía tomar como justificación los pronunciamientos de la Sala Superior del TEPJF, ya que estos no tienen la fuerza jurídica necesaria para modificar la situación del amparo en curso. La decisión refleja la independencia del poder judicial frente a presiones externas, demostrando que el amparo debe ser respetado mientras no haya una resolución contraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Reforma Judicial: Un tema controvertido
La reforma judicial impulsada por el gobierno de México tiene como objetivo modificar la forma en que se eligen los jueces y magistrados, lo que podría cambiar la estructura y el funcionamiento del sistema judicial. Esta reforma ha sido vista por algunos sectores como una necesidad para garantizar la transparencia y la independencia de los jueces, mientras que otros la consideran un intento de «politizar» el poder judicial. El rechazo del INE a esta reforma, y la negativa del juez a suspenderla, pone de manifiesto la disputa entre diferentes poderes e instituciones del Estado mexicano.
El impacto de la resolución judicial
Con esta decisión, el proceso electoral para la elección de jueces y magistrados de 2025 continúa su curso. El INE había solicitado suspender las medidas cautelares para dar marcha atrás a la reforma judicial, pero el juez Santamaría Chamú dejó claro que las determinaciones judiciales deben ser acatadas sin excusas ni pretextos. Esto refuerza la autonomía del poder judicial y subraya la importancia de que todas las autoridades del país respeten las decisiones judiciales.
Además, la resolución también tiene implicaciones en la relación entre el INE y el poder judicial. Mientras que el INE continúa luchando por su competencia en la supervisión de los procesos electorales, el juez enfatizó que la validez de las decisiones del TEPJF en este asunto no tiene fuerza vinculante para el amparo.
Multa a los consejeros del INE
Otro aspecto importante de la resolución fue la orden del juez de hacer efectiva una multa de 107,570 pesos a los once consejeros del INE, que fue establecida el 20 de diciembre como parte del amparo presentado por la JUDEF. Esta multa resalta la importancia de cumplir con las decisiones judiciales y muestra el nivel de responsabilidad que los consejeros deben tener frente a la ley.
¿Qué sigue para la Reforma Judicial?
El siguiente paso en este proceso depende de la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la validez y alcance de las determinaciones del TEPJF. Mientras tanto, las autoridades deben continuar respetando las suspensiones definitivas decretadas por el juez Santamaría Chamú. Esta disputa en el ámbito judicial y electoral pone en evidencia la lucha constante por el control y la autonomía de las instituciones del Estado mexicano.
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