La muerte del juez federal Everardo Maya Arias, quien manejó los expedientes de Ayotzinapa y Ovidio Guzmán, trasciende el reporte policial para convertirse en un sombrío diagnóstico sobre la salud del Estado de Derecho en México. El evento, independientemente de si fue un asesinato o un suicidio bajo coacción, envía un mensaje escalofriante sobre la capacidad del Estado para proteger a sus propios impartidores de justicia.
El hallazgo del cuerpo del juez Everardo Maya Arias en Zinacantepec no es simplemente la crónica de un deceso; es un sismo que sacude los cimientos del Poder Judicial mexicano y obliga a una reflexión crítica sobre su vulnerabilidad. La muerte de un juez federal que tuvo en sus manos los casos más emblemáticos de la penetración del crimen organizado y la presunta corrupción estatal es un evento de la más alta gravedad, cuyas implicaciones reverberan en toda la estructura del país.
Dos Escenarios, Una Devastadora Conclusión
La investigación oficial aún no determina la causa de la muerte, pero los dos escenarios principales que se barajan conducen a la misma conclusión alarmante sobre el estado de la justicia en México.
* Escenario A: Ejecución Selectiva. Si se confirma que fue un homicidio, el acto constituye un ataque directo y descarado contra el Estado mexicano. Sería la prueba de que los poderes fácticos, ya sea el crimen organizado o actores políticos corruptos, pueden eliminar a un juez federal con impunidad. El mensaje es claro y brutal: no hay figura intocable. Esto no solo busca silenciar a una persona, sino aterrorizar a todo un sistema, asegurando que futuras decisiones judiciales se tomen bajo la sombra del miedo.
* Escenario B: Suicidio Bajo Coacción. Si la investigación concluyera que fue un suicidio, el diagnóstico no sería menos grave. Apuntaría a un sistema donde la presión, las amenazas y el chantaje sobre los jueces son tan insoportables que la muerte se convierte en la única salida. Sería la máxima expresión de la tristemente célebre disyuntiva de «plata o plomo», donde la integridad se paga con la vida. Un juez que se quita la vida por las presiones de su cargo es un síntoma de un sistema judicial que ha fallado en su deber más básico: garantizar la independencia y seguridad de sus miembros.
En ambos casos, el resultado es el mismo: una erosión catastrófica de la autonomía judicial y la confianza ciudadana en que la justicia puede prevalecer.
Un Patrón de Violencia que No Cesa
La muerte del juez Maya no ocurre en el vacío. Se suma a una preocupante tendencia de violencia contra funcionarios públicos en México. De hecho, el gabinete de seguridad federal analiza este caso en paralelo al reciente asesinato de Lilia Gema García Soto, la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca. Estos eventos, aunque geográficamente distantes, pintan el retrato de un país donde ejercer un cargo público, ya sea en el ámbito municipal o en el más alto nivel del poder judicial federal, se ha convertido en una profesión de alto riesgo.
«El historial [del Juez Maya] incluía procesos complejos y de gran exposición pública, como el caso Ayotzinapa y los relacionados con integrantes del Cártel de Sinaloa.»
El Sistema Judicial, Bajo la Lupa
Este suceso pone a la recién electa Suprema Corte y a toda la reforma judicial bajo una presión inmediata e inmensa. Plantea preguntas críticas que la nación debe confrontar con urgencia:
* ¿Cómo protege el Estado a sus jueces? ¿Qué mecanismos existen para blindarlos de la intimidación y la violencia?
* ¿Es el sistema capaz de investigarse a sí mismo? ¿Podrá la Fiscalía del Estado de México, o en su caso la FGR, conducir una investigación transparente y creíble sobre la muerte de un juez federal?
* ¿Qué significa esto para el futuro de la justicia? Si los jueces deben temer por sus vidas al tomar decisiones en casos de alto perfil, ¿qué esperanza queda para el ciudadano común que busca justicia?¿Cómo protege el Estado a sus jueces? ¿Qué mecanismos existen para blindarlos de la intimidación y la violencia?
¿Es el sistema capaz de investigarse a sí mismo? ¿Podrá la Fiscalía del Estado de México, o en su caso la FGR, conducir una investigación transparente y creíble sobre la muerte de un juez federal?
¿Qué significa esto para el futuro de la justicia? Si los jueces deben temer por sus vidas al tomar decisiones en casos de alto perfil, ¿qué esperanza queda para el ciudadano común que busca justicia?
El silencio inicial de las altas esferas del Poder Judicial, más allá de las condolencias formales, es en sí mismo una narrativa. Este vacío de una postura firme y contundente es interpretado por muchos como un signo de desconcierto, temor o incluso de un intento por controlar un relato que se les ha escapado de las manos. La muerte del juez Maya es, en definitiva, un espejo oscuro en el que se refleja la fragilidad del Estado de Derecho en México.
