Un juez de control en Sinaloa violó una suspensión federal al ordenar la aprehensión del alcalde Gerardo Vargas Landeros, quien ya contaba con un amparo vigente.
¿Qué pasó con la detención del alcalde de Ahome?
El juez Carlos Alberto Herrera, del Juzgado de Primera Instancia de Control en Culiacán, emitió una orden de aprehensión en contra del alcalde Gerardo Vargas Landeros el 28 de mayo, a pesar de que un día después (29 de mayo) un juez federal le otorgó una suspensión provisional para llevar su proceso en libertad. Aun así, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, bajo el mando del Comandante «Omega», ejecutó la detención el 30 de mayo, violando el mandato judicial federal.
¿Por qué el Juez Carlos Alberto Herrera está en la mira de la justicia federal?
- Incidente de suspensión 325/202-3B: Se presentó una denuncia contra el juez Herrera por desacatar la suspensión federal.
- Dos suspensiones vigentes: El alcalde contaba con protección legal, pero fue detenido ilegalmente.
- Investigación ampliada: También se denunció al comandante «Omega» y a funcionarios de la FGE.
¿Qué dice el alcalde Gerardo Vargas Landeros? En un comunicado, el edil afirmó:
«Fui detenido afuera de mi casa minutos después de salir del hospital, aún en recuperación. Esta detención se realizó a pesar de tener un amparo federal. Es un acto fuera de la ley y un atentado contra la justicia.»
¿Persecución política o justicia elgítima?
Vargas Landeros, favorito en encuestas para la gubernatura de Sinaloa, denunció que su desafuero (aprobado el 2 de mayo) y su detención son parte de una estrategia política para eliminarlo de la contienda.
Analistas políticos, como Ramón Alberto Garza (director de Código Magenta), señalan que el gobernador Rubén Rocha Moya busca favorecer al senador Enrique Inzunza Cázares como candidato.
Próximos pasos legales
- Audiencia el 4 de junio: Se decidirá si Vargas Landeros es vinculado a proceso.
- Investigación federal: Contra el juez Herrera y la FGE por violar suspensiones judiciales.
Graves irregularidades
El caso expone graves irregularidades en el poder judicial de Sinaloa y posibles abusos de autoridad con fines políticos. La justicia federal deberá determinar responsabilidades.
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