La mañana de este viernes, integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno de Celaya realizaron una protesta frente a la presidencia municipal, bloqueando los principales accesos para exigir el pago de su fondo de ahorro, aguinaldo y otras prestaciones que —aseguran— les corresponden por ley.

Alrededor de 50 jubilados y pensionados se congregaron en los portales Independencia y Morelos, donde desplegaron pancartas, lanzaron consignas y exigieron respeto a sus derechos laborales, luego de más de dos meses de manifestaciones sin respuesta por parte de las autoridades locales.

Exigen respeto a sus derechos laborales y pago de prestaciones pendientes

Los exfuncionarios municipales, muchos de ellos con más de 20 años de servicio en el Ayuntamiento, exigieron al alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, emanado de Morena, que autorice las alzas a sus prestaciones conforme al incremento salarial establecido en las condiciones generales de trabajo.

Los inconformes demandan el restablecimiento del fondo de ahorro y del aguinaldo, así como una revisión salarial que compense el rezago acumulado en los últimos años. También piden el cumplimiento de apoyos funerarios, educativos, culturales, para canasta básica y paquetes navideños, beneficios que anteriormente formaban parte de sus prestaciones.

Uno de los puntos más sensibles de su reclamo es la cobertura total de gastos médicos y la garantía de un seguro de vida que, según sus demandas, debería ascender a 500 mil pesos por fallecimiento accidental y 250 mil por muerte natural.

Durante la protesta, los manifestantes lanzaron consignas como:

“¡Miguel, respeta nuestros derechos!”,
“¡Presidente, fuera!”,
y “¡Derechos laborales, no son negociables!”.

Además, exhibieron pancartas con mensajes como:

“No somos pobres, somos jubilados con dignidad”,
recordando que no buscan dádivas, sino el cumplimiento de compromisos laborales adquiridos durante su servicio al municipio.

El alcalde Juan Miguel Ramírez defiende suspensión de prestaciones

Ante las crecientes protestas, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez respondió que su administración mantendrá suspendidas las prestaciones a jubilados y pensionados no sindicalizados, asegurando que el Ayuntamiento enfrenta limitaciones presupuestales y que algunos beneficios “no están contemplados en las leyes vigentes”.

El mandatario local afirmó que no cederá ante la presión de las manifestaciones, argumentando que algunos de los jubilados “no están en situación de pobreza” y que incluso “tienen recursos para viajar a Guanajuato y hacer carnes asadas”.

“Si creen que por manifestarse vamos a ceder, de una vez les digo que no”,
declaró Ramírez Sánchez al ser cuestionado sobre las demandas de los inconformes.

Sus declaraciones causaron indignación entre los manifestantes, quienes las calificaron como una falta de respeto y sensibilidad social. Algunos acusaron al alcalde de minimizar sus derechos y de incumplir con los compromisos adquiridos por administraciones anteriores.

Sospechas de tintes políticos en las protestas

El presidente municipal también sugirió que podrían existir intereses políticos detrás de las movilizaciones, señalando que el Partido Acción Nacional (PAN) “estaría apoyando económicamente” las protestas de los jubilados para desestabilizar al gobierno morenista local.

Aunque no presentó pruebas concretas, el alcalde sostuvo que el trasfondo de las manifestaciones podría ir más allá de las demandas laborales. “En las protestas puede haber un interés político, y es algo que no vamos a permitir”, afirmó.

No obstante, los jubilados rechazaron cualquier vínculo partidista, insistiendo en que su movimiento es independiente y legítimo. “Aquí no hay política, solo hay hambre de justicia”, declaró una de las voceras del grupo.

Jubilados llaman al diálogo; alcalde los remite a instancias judiciales

Pese a la tensión, los jubilados reiteraron su disposición al diálogo y pidieron una mesa de negociación con representantes del Ayuntamiento para llegar a un acuerdo que evite prolongar el conflicto. Sin embargo, el alcalde recomendó a los inconformes que acudan a las instancias judiciales para hacer valer sus reclamos.

“Los jubilados deben recurrir a los tribunales competentes si consideran que tienen derechos vulnerados”,
expresó Ramírez Sánchez.

Los manifestantes señalaron que esta respuesta muestra falta de voluntad política y desinterés por resolver el conflicto de manera directa. Mientras tanto, advirtieron que continuarán bloqueando los accesos a la presidencia municipal hasta obtener una solución concreta a sus demandas.

Un conflicto que refleja la tensión entre gobierno y servidores retirados

El caso de los jubilados de Celaya pone de relieve una problemática creciente en varios municipios del país: el incumplimiento de prestaciones laborales a exservidores públicos por parte de gobiernos locales que enfrentan presiones financieras.

Mientras el Ayuntamiento insiste en que las decisiones obedecen a criterios de austeridad y sostenibilidad fiscal, los jubilados defienden que los derechos laborales no pueden estar sujetos a recortes políticos o presupuestales.

Por ahora, el conflicto sigue abierto. Los jubilados mantienen su protesta activa y el alcalde sostiene su postura de no ceder a presiones. Entre el desgaste político y la exigencia social, la situación en Celaya podría escalar si no se establece pronto un canal efectivo de diálogo.