Desde el Congreso de Quintana Roo se trabaja en una iniciativa de reforma al Código Penal, con la que se busca incorporar una medida que cierre de raíz los espacios de riesgo para niñas, niños y adolescentes, la inhabilitación obligatoria para agresores sexuales.
La propuesta impulsada por el diputado Hugo Alday establece que toda persona sentenciada por delitos de naturaleza sexual contra menores quedará impedida de ejercer cualquier cargo, empleo, oficio o profesión relacionado directa o indirectamente con actividades educativas, recreativas o espacios donde haya contacto habitual con infancias.
“Las agresiones de índole sexual generan un impacto en quienes las padecen, afectando profundamente y de manera duradera su vida. Estas experiencias pueden deteriorar su salud física, emocional, mental, social y económica. Vivir una agresión sexual deja una huella permanente”, dijo.
El diputado recordó que, en el caso de menores, las secuelas son aún más profundas, pues en la mayoría de los casos, las víctimas atraviesan episodios de miedo constante, culpa, ansiedad, trastornos del sueño o tristeza prolongada; situaciones que muchas veces los acompañan hasta la vida adulta.
“Estos abusos también destruyen la inocencia y marcan profundamente la niñez. Los menores suelen sentirse vulnerables y preocupados, y muchas veces optan por el silencio. Dado su nivel de vulnerabilidad, es indispensable aplicar todas las estrategias posibles para salvaguardarlos”, comentó.
La propuesta plantea que la inhabilitación sea proporcional al delito cometido, con periodos que van desde los seis meses hasta los 25 años cuando se trate de conductas como violación, pederastia, abuso sexual, estupro, acoso, hostigamiento, aprovechamiento sexual, ciberacoso, violencia digital, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio o venta de menores. Cada delito tendrá una duración específica de inhabilitación, establecida dentro del articulado penal.
Inhabilitación y registro estatal para fortalecer la prevención
Además de la inhabilitación, la propuesta incorpora la creación del Registro Estatal de Personas Condenadas por Delitos Sexuales, una herramienta que funcionará exclusivamente para autoridades de seguridad, procuración de justicia y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el diputado, no será un registro público ni de libre consulta, sino un instrumento técnico que permitirá a instituciones educativas, deportivas o culturales solicitar una verificación oficial antes de contratar personal que pueda tener contacto con menores.
Alday detalló que la información solo podrá ser utilizada con fines de prevención del delito y protección de víctimas, respetando la presunción de inocencia al incluir únicamente a personas con sentencia firme.
También estableció que la inscripción en el registro tendrá una duración equivalente a la pena impuesta y un periodo adicional definido en la legislación, con la posibilidad de solicitar su eliminación una vez cumplido el tiempo correspondiente y demostrada la rehabilitación.
“Este mecanismo evita que personas con antecedentes comprobados puedan reincidir en entornos que históricamente facilitan el acceso a víctimas. Un trabajador escolar, un entrenador deportivo, un guía turístico o un monitor cultural representan funciones con alta exposición a menores; por ello, la verificación institucional se vuelve indispensable”, explicó.
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