Una petición que desató tensiones
En una jornada tensa dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros rechazaron categóricamente la solicitud de Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna —presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente— para retirar las candidaturas de 26 aspirantes a jueces y magistrados. El argumento: la falta de facultades legales del INE para intervenir en ese proceso.
La solicitud surgió tras publicaciones periodísticas que vinculan a algunos aspirantes con el crimen organizado y señalan a otros por no cumplir los requisitos académicos mínimos, como el promedio de licenciatura.
Un sistema judicial en el ojo del huracán
El proceso de elección de jueces y magistrados para el 1 de junio ha estado bajo el escrutinio público desde que se abrieron las listas de aspirantes. Lo que prometía ser un ejercicio democrático e innovador para integrar al Poder Judicial con legitimidad ciudadana, se ha convertido en un campo minado de controversias, omisiones y acusaciones.
Entre los nombres cuestionados destaca Fernando Escamilla, exabogado del líder criminal conocido como “Z40”, figura clave en el cártel de Los Zetas. La revelación encendió las alarmas y fue uno de los detonantes para la acción de los legisladores morenistas.
El INE se deslinda: «No tenemos facultades»
Durante la sesión del Consejo General, la consejera Dania Ravel fue clara:
“Se pretende que el INE asuma la responsabilidad de cancelar estas candidaturas, sin que tengamos atribuciones constitucionales o legales para ello.”
La Constitución no le otorga al INE el poder de impugnar, revisar o anular las candidaturas para cargos judiciales, que deben ser avaladas por los comités de selección de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos comités tenían la responsabilidad de verificar requisitos como reputación, trayectoria, y promedio académico.
El consejero Uuc-kib Espadas fue aún más contundente:
“La solicitud a la que hoy respondemos nos pide realizar acciones para las cuales, ni la ley, ni la Constitución nos facultan.”
¿Quién aprobó a los candidatos?
Los cuestionamientos no solo recaen en los aspirantes, sino también en quienes los validaron. Según se reveló en la sesión del INE:
- 7 de los 8 candidatos con promedios reprobatorios fueron aprobados por el comité del Poder Ejecutivo.
- 1 fue avalado por el Legislativo.
- De los 18 señalados por vínculos con el crimen,
- 9 fueron aprobados por el Ejecutivo,
- 5 por el Legislativo,
- 4 por el Judicial.
En otras palabras, los tres poderes del Estado tienen responsabilidad compartida en los perfiles hoy bajo la lupa.
La consejera Claudia Zavala y la advertencia ignorada
Zavala recordó que desde hace meses “muchísimas personas juzgadoras” advirtieron que los comités no estaban haciendo una revisión adecuada de los perfiles. Aquellas alertas fueron ignoradas, y ahora el proceso electoral enfrenta una crisis de legitimidad.
“Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos ahora?”, cuestionó con severidad.
¿Qué sigue si ganan?
Aunque el INE no puede retirar las candidaturas, sí estableció un mecanismo preventivo: negar la constancia de mayoría en caso de que alguno de estos candidatos gane. Para ello, solicitó al Senado y a la Cámara de Diputados que entreguen toda la documentación sobre los perfiles observados.
Es una medida provisional, pero revela el delicado equilibrio entre el respeto institucional y la protección de la legalidad electoral.
Una batalla política disfrazada de legalidad
Más allá de los argumentos jurídicos, el caso también tiene una evidente carga política. Morena busca capitalizar el escándalo para reforzar su discurso contra las instituciones autónomas. El INE, por su parte, se resiste a asumir funciones que no le competen, temiendo que eso siente precedentes peligrosos.
El trasfondo es claro: quién controla al Poder Judicial, controla parte esencial del Estado. Y la elección de jueces se ha convertido en terreno de disputa.
El dilema democrático: entre la transparencia y la desconfianza
Este caso abre una herida profunda en la confianza ciudadana. ¿Cómo confiar en un proceso de elección judicial donde se postulan personas con nexos criminales o sin los requisitos mínimos? ¿Quién responde si ganan y luego son inhabilitados?
El modelo actual busca acercar a la ciudadanía a la elección de jueces. Pero sin controles rigurosos y transparencia, solo se alimenta el cinismo.
Entre la ley y la omisión
El INE hizo lo que debía: respetar la ley y no usurpar funciones. Pero el vacío de responsabilidad en los comités de selección revela una falla estructural. La democracia no puede sostenerse con instituciones que validan lo inválido, que ignoran alertas y que postulan a candidatos con pasado cuestionable.
La crisis no es del INE, sino del sistema político que prioriza cuotas antes que méritos. Si no se corrige a tiempo, la elección del 1 de junio será recordada no por su carácter democrático, sino por su falta de ética.
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