La masacre que encendió la Costa Chica

El municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, vive una situación de tensión luego de que 85 comunidades indígenas mixtecas se levantaron en armas para exigir justicia tras la emboscada en la que murieron 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ocurrida el pasado 17 de agosto en el poblado de El Cortijo.

La tragedia ha detonado un movimiento social que busca garantizar la seguridad en la región y suplir la falta de resultados de las autoridades federales y estatales en la investigación del ataque.

Operativos comunitarios contra presuntos responsables

Integrantes de la UPOEG comenzaron a recorrer distintas poblaciones de Ayutla, invitados por las propias autoridades comunitarias. El fin: localizar a los responsables de la masacre.

En las últimas horas, los operativos se extendieron a las comunidades de Lagunillas, El Refugio y Colotepec, donde se desplegaron patrullajes y retenes ciudadanos. Como resultado, fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes, según testimonios de voceros de la organización, están vinculados con el grupo criminal Los Ardillos, señalado de perpetrar la emboscada.

Los detenidos fueron entregados al Ministerio Público. Los voceros, que solicitaron el anonimato, acusaron que los hombres habrían participado directamente en la masacre, mientras que la mujer trabajaba como “halcona” y además se dedicaba a la venta de droga en la zona.

Justicia ausente y reclamo al gobierno

El malestar de los pobladores se intensifica ante lo que califican como una falta de respuesta de las autoridades. “El pueblo de Ayutla, la UPOEG y la comunidad de El Cortijo exigen justicia; no ha habido ningún avance del gobierno federal en la investigación por el asesinato de los compañeros policías ciudadanos”, afirmaron representantes de la organización.

La demanda no solo se centra en el esclarecimiento del crimen, sino también en la atención a la creciente violencia en la región, marcada por la presencia de grupos delictivos que buscan el control territorial.

Comunidades organizadas en defensa propia

La tensión ha llevado a que las comunidades de El Cortijo, Lagunillas y Colotepec convoquen a asambleas comunitarias para organizar la creación de sus propias policías comunitarias. Estas fuerzas de seguridad ciudadana buscan garantizar la protección de las familias y mantener el control en sus territorios, ante la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado.

La figura de las policías comunitarias no es nueva en Guerrero. Desde hace años, pueblos originarios de la Costa Chica y la Montaña han recurrido a este modelo como una forma de autodefensa y justicia comunitaria, ante la violencia vinculada al crimen organizado.

Guerrero, entre la violencia y la resistencia comunitaria

El caso de Ayutla refleja una dinámica repetida en varias regiones de Guerrero, donde la falta de seguridad oficial ha impulsado la organización de la ciudadanía para hacer frente a los grupos armados. El asesinato de los 13 integrantes de la UPOEG marca un nuevo episodio en la lucha de comunidades que, entre el dolor y la indignación, se ven obligadas a tomar las armas.

Mientras las investigaciones oficiales avanzan con lentitud, las comunidades de la Costa Chica envían un mensaje claro: la justicia no puede esperar.