Imputados por incendio es la frase que hoy resuena con fuerza en Hermosillo, Sonora, tras la decisión judicial que permitió a siete personas acusadas por el siniestro en la tienda Waldo’s enfrentar su proceso en libertad. El incendio, ocurrido el 1º de noviembre, dejó una herida profunda: 24 personas fallecidas y al menos 12 lesionadas, una tragedia que marcó a la ciudad y encendió el debate nacional sobre la responsabilidad de autoridades y particulares.
La resolución del juez no absolvió a los implicados, pero sí les permitió abandonar la prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. Para familiares de las víctimas, la noticia cayó como un balde de agua fría; para la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGE), se trata de una decisión que será impugnada por considerarla contraria a la Constitución.
Quiénes son los imputados y por qué enfrentan cargos
Entre los imputados por incendio se encuentran ex funcionarios estatales y municipales, así como personas vinculadas directamente con la operación del establecimiento. Destacan nombres como Juan Manuel G., ex coordinador estatal de Protección Civil; Joaquín R., ex secretario del ayuntamiento de Hermosillo; y Emanuel V., ex director de Inspección y Vigilancia municipal.
Los cargos que enfrentan no son menores: homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal. De acuerdo con la fiscalía, las omisiones y fallas en inspecciones y medidas de seguridad habrían sido determinantes para que el incendio se propagara con consecuencias fatales.
Una audiencia maratónica y una decisión polémica
La audiencia inicial se prolongó por más de 12 horas, desde la mañana del viernes hasta pasada la medianoche. Durante ese tiempo, el Ministerio Público expuso la probable responsabilidad de los acusados. Sin embargo, el debate se centró principalmente en aspectos técnicos del expediente, como la calidad de las copias entregadas a la defensa.
El juez consideró que, debido al volumen del expediente, la defensa necesitaba más tiempo para revisarlo a fondo. Por ello, determinó que no era posible avanzar en la vinculación a proceso en esa misma audiencia y ordenó la liberación de los imputados por incendio, fijando un plazo de 18 días para continuar.
Imputados por incendio y proceso en libertad: qué significa realmente
Que los imputados por incendio enfrenten su proceso en libertad no implica que sean inocentes ni que el caso esté cerrado. La medida responde a una modificación de la cautelar de prisión preventiva, no a una exoneración.
La FGE ha sido clara al señalar que mantiene firme su pretensión punitiva y que continuará impulsando acciones legales para garantizar justicia, verdad y reparación del daño a las víctimas. Además, recordó que existen 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, de las cuales solo siete han sido ejecutadas hasta ahora.
El impacto social y la exigencia de justicia
A mitad del proceso, el caso de los imputados por incendio se ha convertido en un símbolo de una problemática más amplia: la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la percepción de impunidad cuando ocurren tragedias evitables.
Familiares de las víctimas y colectivos ciudadanos han expresado su indignación, argumentando que la liberación envía un mensaje peligroso en un país donde la rendición de cuentas suele llegar tarde o no llegar. La tragedia de Waldo’s no solo evidenció fallas estructurales en materia de protección civil, sino también la fragilidad del sistema para responder con rapidez y firmeza ante delitos de alto impacto.
Lo que sigue en el caso Waldo’s
La próxima audiencia fue programada para el 13 de enero de 2026. Hasta entonces, los imputados por incendio deberán presentarse ante la autoridad cuando sean requeridos, mientras la fiscalía prepara la impugnación de la resolución judicial.
El proceso sigue abierto y bajo la lupa pública. Cada paso será observado con atención, no solo por las familias afectadas, sino por una sociedad que exige que una tragedia de esta magnitud no quede impune.
Imputados por incendio: una herida abierta en Sonora
El caso de los imputados por incendio en la tienda Waldo’s continúa siendo una herida abierta para Hermosillo y para Sonora. Más allá de resoluciones técnicas y plazos legales, la exigencia social es clara: que la justicia llegue, que las responsabilidades se definan y que una tragedia así no vuelva a repetirse.
Mientras el proceso avanza, la memoria de las 24 personas fallecidas sigue marcando el ritmo de una historia que aún no tiene un final escrito, pero que ya dejó una lección imborrable sobre la importancia de la prevención, la vigilancia y la rendición de cuentas.
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