Desde el Congreso de Quintana Roo se ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado que busca garantizar los derechos humanos de las mujeres embarazadas que se encuentran dentro del sistema penitenciario cumpliendo una condena.
La promotora de la iniciativa, la diputada Paola Moreno, asegura que la esencia de su propuesta parte de la necesidad de visibilizar a este sector de mujeres dentro de los reclusorios de la entidad y atender su doble condición de vulnerabilidad.
“Sabemos que la violencia contra las mujeres es una problemática persistente que afecta sus derechos humanos, su dignidad y su bienestar integral. ¿Y qué decir de las mujeres embarazadas privadas de libertad? Ellas enfrentan una doble vulnerabilidad, no sólo por su condición de género, sino también por su situación de gestación”, dijo.
Reconoció la urgencia de establecer medidas específicas que atiendan las necesidades diferenciadas de estas mujeres, quienes actualmente se enfrentan a un sistema penitenciario que no está preparado para atenderlas adecuadamente.
“La ley vigente contempla mecanismos generales de protección, pero carece de una perspectiva integral para mujeres embarazadas en prisión. Esta omisión agrava su situación y puede tener consecuencias graves tanto para ellas como para sus hijos”, comentó.
Entre las problemáticas que enfrentan, la diputada mencionó la falta de atención médica especializada, la exposición a violencia física y psicológica, la carencia de condiciones adecuadas para su embarazo, parto y posparto, así como la exclusión de programas de reinserción social.
“Estas mujeres siguen siendo víctimas de violencia estructural y de la falta de condiciones adecuadas para garantizar su seguridad, su salud y sus derechos”, expresó.
Atención médica y condiciones dignas
En ese sentido, la reforma propone establecer de forma explícita el derecho a una atención médica especializada y continua, asegurando el acceso a servicios de ginecología y obstetricia para todas las mujeres embarazadas privadas de libertad.
“La iniciativa busca que estas mujeres tengan seguimiento médico durante el embarazo y asistencia en el parto y posparto. También plantea garantizar condiciones dignas de alojamiento, incluyendo alimentación adecuada y servicios sanitarios con las mínimas condiciones de higiene”, explicó Paola Moreno.
Además, la diputada morenista propone incorporar programas de apoyo psicológico y preparación para la maternidad con el fin de procurar un estado mental saludable durante y después del embarazo.
Centros penitenciarios sin condiciones adecuadas
Actualmente, Quintana Roo cuenta con cuatro centros penitenciarios: Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen. Sin embargo, sólo los centros de Cancún y Chetumal cuentan con áreas femeniles, lo que limita aún más la capacidad del estado para atender de forma adecuada a las mujeres embarazadas en reclusión.
“Lo que estamos proponiendo no es un privilegio, es el cumplimiento de un deber legal y ético. Con esta reforma, el Estado estaría cumpliendo con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, explicó la legisladora.
TE PODRÍA INTERESAR