Hugo Aguilar Ortiz: el rostro polémico de la Suprema Corte y la 4T
El 1 de junio marcó un hito histórico: por segunda vez en la historia de México, un indígena presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El primero fue Benito Juárez en 1858; el segundo es Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco originario de Oaxaca. Su lema de campaña, “Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, resonó en comunidades indígenas y generó júbilo en la 4T.
Sin embargo, tras este histórico nombramiento se alzan voces que cuestionan si Aguilar Ortiz representa genuinamente a los pueblos indígenas o si, por el contrario, encarna la continuidad de los megaproyectos y la imposición estatal.
El pasado que incomoda: de activista a funcionario de Estado
Hugo Aguilar Ortiz forjó su carrera como activista y defensor de comunidades mixtecas en Oaxaca. Su participación en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de 1996 le valió reconocimiento. Pero su paso por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), bajo la administración de Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador, marcó un quiebre.
Activistas como Joaquín Galván lo acusan de haber legitimado megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico mediante “consultas indígenas fast track” que —afirman— no fueron ni libres ni informadas. Para Galván, Aguilar se convirtió en el “cerebro” de la burocratización del despojo.
Megaproyectos: la herida abierta
El Tren Maya y el Corredor Interoceánico son dos de los megaproyectos más polémicos del sexenio de López Obrador. Desde Oaxaca hasta la Península de Yucatán, comunidades enteras se organizaron para resistir lo que consideraron “expropiaciones disfrazadas”.
Activistas como Mario Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), denuncian que Aguilar Ortiz operó las consultas indígenas para estos proyectos como “una simulación”. Según Quintero, la voz de las comunidades fue sustituida por el consentimiento forzado de las autoridades locales.
Denuncias por acoso y corrupción
Otro ángulo oscuro en el ascenso de Hugo Aguilar Ortiz es la denuncia de la activista Sandra Domínguez, quien expuso un chat de funcionarios del INPI en el que se acosaba sexualmente a mujeres indígenas. Según las publicaciones virales de Joaquín Galván, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Aguilar, ofreció un cheque en blanco a Domínguez para silenciarla.
Aunque el INPI destituyó a Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas, el episodio dejó una profunda desconfianza en el movimiento indígena.
¿Justicia intercultural o continuidad estatal?
La designación de Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte divide opiniones. Por un lado, activistas como Sara López González del CRIPX, en Campeche, sostienen que “él no nos representa” y denuncian que su trayectoria ha estado al servicio del Estado.
Por otro lado, voces como la de Quetzal Tzab en Quintana Roo celebran la posibilidad de que haya una mayor representatividad indígena, aunque reconocen que “queda la duda de si se pondrá del lado de las comunidades o del gobierno”.
El poeta y activista maya Pedro Uc Be lo resume así: “El nuevo Benito Juárez no nos debe insultar la inteligencia. Es brillante, sí, pero lleva años representando los intereses del Estado mexicano”.
El desafío pendiente: los Chimalapas
Miguel Ángel Aguirre, defensor de los Chimalapas, recuerda que Aguilar Ortiz tiene una deuda histórica con esta región. “Tiene que cumplir la sentencia que devuelve al pueblo zoque 160 mil hectáreas en disputa con Chiapas”, advierte. La historia de los Chimalapas es un ejemplo de la larga lucha por los territorios indígenas, que Aguilar Ortiz —ahora como presidente de la SCJN— tiene la oportunidad de honrar… o de traicionar.
El desafío de la legitimidad
La llegada de un indígena mixteco a la presidencia de la Suprema Corte es un hecho simbólico, pero ¿será un verdadero cambio de paradigma o un simple uso político de la representación indígena? La respuesta está en las acciones que Hugo Aguilar Ortiz tome en el cargo más allá de los discursos.
Su trayectoria, marcada por la defensa de los derechos indígenas, pero también por denuncias de simulación en las consultas de megaproyectos, lo coloca en una encrucijada histórica: o escucha las voces de los pueblos originarios o perpetúa la simulación que lo llevó al poder.


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