El Gobierno de México informó que se realizan gestiones para lograr la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna, ex alto mando de la Secretaría de Marina detenido en Argentina, presuntamente vinculado a una red de “huachicol fiscal” relacionada con la importación ilegal de combustible a México.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la investigación se originó a partir de la detección de un buque en la aduana de Tampico que ingresó con un permiso temporal declarando transportar un producto distinto, aunque en realidad trasladaba diésel. “Se encuentra que tenía diésel que estaba entrando de contrabando al país; quería entrar con un permiso que no dice ‘combustible’, para no pagar los impuestos”, señaló.
De acuerdo con la mandataria, tras el hallazgo se implementaron diversas medidas, entre ellas la prohibición de ingreso temporal de combustible, el reforzamiento de la vigilancia en aduanas y un sistema de trazabilidad encabezado por la Secretaría de Energía para controlar la importación de hidrocarburos. Paralelamente, se inició una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, a la que se sumaron denuncias previas.
Como resultado de las indagatorias, se solicitaron órdenes de aprehensión contra diversos implicados, incluidos elementos de la Secretaría de Marina. La presidenta indicó que el titular de la institución instruyó que cualquier integrante involucrado en actos ilegales fuera denunciado ante la autoridad ministerial. En ese contexto, varias personas han sido detenidas.
Entre los implicados se encuentra el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue detenido en Argentina tras salir del país. Según la información oficial, el ex mando naval ingresó a territorio argentino con un pasaporte falso, por lo que el Gobierno mexicano, a través de la Fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, busca su deportación.
La presidenta detalló que la detención se realizó mediante la emisión de una ficha roja de la Interpol y que, en caso de no concretarse la deportación, se iniciaría el proceso de extradición conforme a los acuerdos internacionales.
La investigación ha derivado en la detención de otros involucrados, incluidos empresarios que presuntamente comercializaban combustible ilegal y personas dedicadas a la emisión de facturas falsas. Estas acciones fueron dadas a conocer en una conferencia encabezada por autoridades federales de seguridad.
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