El huachicol fiscal y las sombras de contratos oficiales
La trama del huachicol fiscal ha dejado al descubierto una paradoja inquietante: mientras la Fiscalía General de la República persigue a empresas señaladas por irregularidades en la importación y comercialización de hidrocarburos, al menos seis de ellas han recibido contratos millonarios de dependencias clave del Estado mexicano. La historia comienza con la causa penal 325/2025, que dio pie a 13 órdenes de aprehensión, entre ellas la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Empresas señaladas y contratos con Pemex
Uno de los casos más llamativos es el de Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V., con más de una década de relación comercial con Pemex. Esta empresa arrendó una plataforma marina con capacidad para perforar hasta 30 mil pies de profundidad en el golfo de México, contrato valorado en 57.6 millones de dólares. Pese a estar mencionada en la investigación como parte de una red vinculada a Galem Energy, su operación se mantuvo activa y avalada por autorizaciones de la Secretaría de Marina.
La UNAM y el diesel del huachicol
El buque oceanográfico El Puma de la UNAM también forma parte de esta red de historias. Entre 2022 y 2024, fue abastecido por la empresa Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V., con contratos que oscilaron entre 12 y 27 millones de pesos. Lo paradójico es que esta compañía tenía cancelado su permiso de importación de hidrocarburos, aunque siguió recibiendo contratos en puertos de Sinaloa, Colima y Sonora.
El papel de la Marina en la red comercial
La Semar autorizó a Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V. para operar en puertos estratégicos como Dos Bocas y Frontera, Tabasco, en actividades de recolección y transporte de residuos de hidrocarburos. La misma empresa es señalada por adquirir combustible a compañías ligadas a documentos falsos, lo que ilustra cómo el entramado legal y administrativo permitía que el huachicol fiscal se normalizara en las operaciones cotidianas del país.
Conagua y contratos directos de combustible
En 2019, la Comercializadora de Combustible Gutasa S.A. de C.V. recibió una adjudicación directa de Conagua para suministrar medio millón de litros de diesel por un monto de 9.8 millones de pesos. Aunque aparece en la investigación por vínculos con Galem Energy, su contrato con una dependencia clave muestra cómo estas empresas operaban dentro de la legalidad formal mientras eran investigadas penalmente.
El AIFA y los millones de litros de diesel
La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también estuvo relacionada con esta red. Ecocarburante S.A. de C.V. proveyó 27 millones de litros de diesel a través de un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional. El volumen y el valor del suministro lo convierten en uno de los contratos más significativos dentro de esta investigación.
El gobierno estatal y las compras a empresas investigadas
En Chihuahua, la empresa Energética Carvel S.A. de C.V. fue proveedora del gobierno estatal en 2019 y 2023, pese a operar con permisos caducados. Estos contratos suman a la evidencia de cómo las irregularidades administrativas no fueron obstáculo para que siguiera siendo proveedora oficial.
Una red que desafía a la legalidad
La investigación revela una contradicción dolorosa: mientras el Estado mexicano persigue el huachicol fiscal como uno de los delitos que más daña las finanzas públicas, dependencias de primer nivel otorgaron contratos millonarios a las mismas compañías implicadas. La causa penal muestra que los controles administrativos fallaron, y la sombra de la corrupción sigue acechando en el sector energético.
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