Fue en abril de 2024 cuando el Estado de México fue testigo de un macabro hallazgo que dejó al país en shock, ya que dos fosas clandestinas, situadas en la colonia El Mirador, en Nicolás Romero, revelaron los restos de al menos 10 personas. Estas víctimas, cuyas edades y antecedentes aún se investigan, presentaban signos de tortura y, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), algunas fueron arrojadas a las fosas aún con vida. Este descubrimiento abrió una ventana a una historia de corrupción y complicidad dentro de la policía municipal, una red criminal que operaba con total impunidad.
La noticia del hallazgo se esparció rápidamente, no solo por la crudeza de los hechos, sino también por la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad en la perpetración de estos crímenes. A medida que avanzaban las investigaciones, se descubría una trama aún más compleja, vinculada con algunos de los grupos criminales más peligrosos del país.
El «Operativo Enjambre» y la corrupción policial
Bajo el nombre de “Operativo Enjambre”, las autoridades de la FGJEM, en coordinación con la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, desplegaron una serie de operativos para desmantelar la red criminal vinculada con las fosas clandestinas. Durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2024, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 24 personas, entre ellas 11 policías municipales de Nicolás Romero.
Las investigaciones revelaron que estos agentes, en su mayoría mandos y policías de alto rango, formaban parte activa de una organización criminal, la cual operaba con el apoyo de varios de los grupos delictivos más notorios dentro del país, entre ellos: la “Familia Michoacana”, el “Cártel Jalisco Nueva Generación”, “Unión Tepito”, “Nuevo Imperio” y “Anti-Unión Tepito”. Estos grupos tenían presencia en distintas regiones del Estado de México, y sus vínculos con la policía municipal permitían el funcionamiento de actividades criminales como secuestros exprés, extorsiones, y homicidios.
Las víctimas: ¿Quiénes eran y por qué fueron asesinadas?
El hallazgo de las fosas no solo conmocionó por la brutalidad del crimen, sino también por las víctimas implicadas. En los primeros reportes, se identificaron los restos de nueve personas, de las cuales varias estaban vinculadas a desapariciones recientes de conductores de transporte público en la región. Esto incrementó la preocupación entre los ciudadanos, que temían que la impunidad de los responsables pudiera continuar sin consecuencias.
Algunos testigos señalaron que las víctimas eran en su mayoría personas que trabajaban en el transporte público, una de las actividades más vulnerables a los ataques de los grupos criminales en la zona. Se cree que las víctimas fueron secuestradas y forzadas a participar en actividades ilícitas, antes de ser ejecutadas y arrojadas a las fosas.
Detenciones y procesos judiciales: Un paso hacia la justicia
Gracias a los operativos conjuntos de las fuerzas federales y estatales, un total de 24 personas fueron detenidas, entre las que se encontraban 11 policías municipales de Nicolás Romero, quienes han sido acusados de diversos delitos como homicidio, secuestro exprés y corrupción. Las detenciones fueron un paso crucial hacia la justicia, pero también desvelaron una estructura más grande de complicidad que había estado operando durante años.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, donde enfrentaron audiencias para determinar su situación jurídica. Este caso ha puesto en evidencia la infiltración de las fuerzas de seguridad en redes criminales y la necesidad urgente de una reestructuración en la policía municipal para evitar que estos crímenes sigan ocurriendo. Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para identificar a más personas involucradas en la red criminal, y para esclarecer la identidad de todas las víctimas encontradas en las fosas.
La reacción de la sociedad y la importancia de la justicia
La sociedad en Nicolás Romero, y en el Estado de México en general, ha estado al borde de la indignación ante la magnitud de los crímenes descubiertos. Los operativos conjuntos entre la FGJEM y las fuerzas federales han generado una sensación de esperanza, pero también de preocupación, ya que este caso ha demostrado cómo los grupos criminales han infiltrado las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Las autoridades locales han expresado su compromiso de seguir luchando contra la corrupción dentro de la policía municipal y de colaborar con los gobiernos federal y estatal para erradicar el crimen organizado en la región. Sin embargo, la sombra de la desconfianza persiste, y los habitantes de Nicolás Romero exigen medidas más contundentes para garantizar que la justicia se haga presente y que estos hechos no se repitan.
Un caso que destapa la corrupción
El descubrimiento de las fosas clandestinas en Nicolás Romero no solo destapa una trama macabra de corrupción policial, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de reformar las instituciones encargadas de la seguridad pública. Este caso es solo la punta del iceberg de una red mucho más profunda de complicidad entre las autoridades y los grupos criminales.
Mientras las investigaciones continúan y las detenciones se realizan, la esperanza de justicia persiste. La sociedad mexicana espera que este tipo de crímenes no queden impunes, y que la memoria de las víctimas no sea olvidada en medio de la lucha contra la corrupción. Este caso también debe ser un recordatorio de la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la depuración de las instituciones para recuperar la confianza de los ciudadanos.
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